El grupo de whatsApp que mantenían los acusados es el núcleo de la acusación en su contra. | jcarrillo

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Alta tensión. El TSJIB afronta desde este lunes el juicio más complicado que ha celebrado. Un procedimiento único en toda España. Nunca se habían sentado a la vez en el banquillo un juez instructor, un fiscal y los policías encargados de un caso con una petición de condena semejante por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Los seis: Manuel Penalva, Miguel Ángel Subirán, José Luis García Reguera, Blanca Ruiz Alfaro, Miguel Ángel Blanco e Iván Bandera afrontan penas que rondan o superan ampliamente los cien años solo por parte de Anticorrupción.

El camino que les sienta en el banquillo arrancó cuando el juez Miquel Florit, más tarde juzgado y absuelto en el TSJIB, comenzó una investigación por revelación de secretos en 2018. A partir de ahí aparecieron los mensajes de whatsApp que delataban presuntas prácticas ilegales durante años de instrucción liderada por Penalva y Subirán. El caso subió al TSJIB, el instructor, Carlos Gómez, lo cerró: sobreseimiento libre. La Sala revocó de forma parcial ese pronunciamiento y eso es lo que llega a juicio.

A Penalva y Subirán se les acusa de haber orquestado quince detenciones ilegales en el seno del ‘caso ORA’ y de perseguir en ese procedimiento al expolítico popular Álvaro Gijón. Aunque todos ellos son más conocidos por el ‘caso Cursach’ y por ahí empezó el caso, el núcleo del juicio estará en la investigación fallida de un supuesto amaño del contrato del aparcamiento regulado en Palma.
Esa investigación salió de la macrocausa Cursach cuando un testigo protegido, el 19, declaró que en la sede del PP había un rumor sobre ese contrato y apuntó a Álvaro Gijón y a José María Rodríguez. Para la Fiscalía a esa floja noticia inicial se sumó a una investigación deficiente. Ante la falta de inicios, sostiene que se decidió detener sin pruebas a toda la mesa de contratación. Ocurrió en octubre de 2016.

La Fiscalía y las nueve acusaciones particulares sostienen que todos los detenidos fueron presionados en la policía y después en el juzgado para que dieran una versión favorable a la tesis del amaño. Según la acusación, sin más indicio, dos de los arrestados, el funcionario Miguel Ángel Femenía y el empresario Antoni Roig fueron enviados a prisión preventiva.

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A esta primera operación le siguió una entrada y registro en la vivienda de los padres de Álvaro Gjión, la detención de ambos y del hermano de éste. Los mensajes de whatsApp que cruzaban los ahora acusados mostraban la situación: «Cuanto más blandito venga el príncipe de Asturias (por Gijón), mejor». El ‘caso ORA’ terminó archivado.

El papel del ‘caso Cursach’ en el juicio será menor. A filtraciones sobre esta causa se unen una serie de episodios de presiones a testigos y ocultación de pruebas. Están, por ejemplo las amenazas que denunció Bartolomé Sbert por parte de uno de los policías acusados cuando estaba en el calabozo de la Policía Nacional tras ser detenido en febrero de 2017. También un episodio en el que una testigo protegida que negaba la existencia del burdel de ‘la madame’ habría sido coaccionada si no cambiaba su versión.

Otra testigo acusó a Subirán de introducir datos en su declaración que él no había mencionado para acusar a un policía local de cobrar sobornos. En otro episodio se acusa a dos policías de ocultar la declaración de un testigo que contradecía las tesis de la Madame. También se incluyen dos amenazas a imputados que estaban en prisión preventiva: si ratificaban lo que pretendía el fiscal Subirán ambos funcionarios municipales saldrían de la cárcel.

El juicio arrancará el lunes marcado por las cuestiones previas con las que Penalva y Subirán pretenden anular el proceso. La defensa de ambos se basa en que son víctimas de un complot. Su escrito de defensa emplea un tono enormemente hostil contra uno de los fiscales del caso, Tomás Herranz. Tras dos sesiones dedicadas a estas cuestiones previas, si estas no detienen el juicio, los acusados declararán a finales de este mes tras un parón de unos días. En julio arrancarán las declaraciones de testigos y el juicio terminaría en septiembre. Entonces le tocará declarar a la que será en ese momento presidenta del Govern, Marga Prohens, citada por Álvaro Gijón.