Imagen de una sesión del macrojuicio por el Caso Cursach. | Víctor Malagón

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Del 13 de junio al 1 de diciembre. En seis meses, 36 sesiones, luz y taquígrafos, el ‘caso Cursach’ se quedó en nada. El juicio arrancó con los intentos de las defensas para anular el caso y terminó con la petición de perdón final del fiscal Herranz y su diagnóstico: «Este proceso es un fracaso absoluto para la Administración de Justicia». Testigos con mala memoria, un alud de documentos y expedientes que justificaban a los policías locales y su actuación y graves sospechas sobre manipulación de declaraciones han completado un juicio como el que no ha habido otro parecido ni lo habrá.

13 de junio

Seis absueltos el primer día. La primera sesión del juicio arrancó convulsa: el TSJIB acababa de procesar al juez instructor, Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán. Otro elemento previo fue el escrito presentado por la Fiscalía en el que modificaba la calificación inicial y dejaba fuera hechos basados en testigos contra los que había indicios de que habían mentido de forma reiterada como ‘La Madame’ o Daniel Corral. En esa sesión las acusaciones se retiraron contra seis personas.
Arrancaron las cuestiones previas que llenaron el juicio hasta el día 23. Las defensas pidieron una nulidad absoluta por irregularidades en la instrucción que la Sala rechazó. Apareció también la abogada Teresa Bueyes por una acusación particular, que intentó rescatar unos hechos archivados durante la instrucción y que sus representados nunca recurrieron.

11 de julio

Cursach y Sbert callan. Los dos principales acusados se acogieron a su derecho a no declarar por falta de claridad en las acusaciones, dijeron. Sí lo hicieron los agentes de la Patrulla Verde que aportaron los expedientes que justificaban sus actuaciones.

13 de julio

Bueyes anuncia una querella al fiscal. La abogada Teresa Bueyes publicó fotos del interior de la sala en Instagram. Las defensas protestaron. La letrada lloró, dijo que se sentía presionada, que se refería al fiscal Juan Carrau y que se iba a querellar contra él por omisión del deber de perseguir delitos. El tribunal le advirtió: «No toleraremos presiones». Tras las declaraciones de los acusados el juicio se fue de vacaciones hasta octubre.

PALMA. TRIBUNALES. Bover denuncia acoso de Cursach pese a haber perdido siete pleitos. Teresa Bueyes (derecha), abogada de Bover.MAS FOTOS EN LA CARPETA 16-11-2022
La abogada Teresa Bueyes.

11 de octubre

La inspectora de Blanqueo deja sin prueba a las acusaciones. La antigua inspectora del Grupo de Blanqueo, Blanca Ruiz, se negó durante dos sesiones a dar ninguna explicación sobre los informes que hizo durante la investigación. Imputada en el TSJIB se escudó en un «no me acuerdo» constante. Ni una pregunta respondió pese a las advertencias del tribunal por su insólito comportamiento: «Nunca en mi carrera había visto algo así». Las acusaciones se quedaron sin poder usar unos informes claves para ellas. El fiscal pidió que sea investigada por falso testimonio durante el juicio por este comportamiento.

21 de octubre

El policía clave tampoco suma. La declaración del jefe actual de la Patrulla Verde era una de las pruebas más esperadas del juicio. Sin embargo, Vicente Gómez, tampoco aportó para las acusaciones: la persecución judicial que dijo haber sufrido por parte de Cursach era, en realidad una denuncia del Ajuntament contra el empresario en la que él declaraba como testigo. Tampoco los detalles en torno a una inspección a Cursach y la posterior reunión con el jefe Joan Miquel Mut y Sbert aportaron: No se le pidió destruir el acta.

24 de octubre

El denunciante que incumplía. Ángel Ávila fue uno de los principales denunciantes durante la instrucción. En el juicio reafirmó que Sbert organizó una persecución policial en su contra. Sin embargo solo reconoció a un policía local, ya fallecido por ese acoso. Lo más grave para la Fiscalía es que admitió en el juicio que su local, el Level, incumplía de forma sistemática con aforos y licencias: una fiesta con 800 personas cuando cabían 200. Al acreditarse que su local incumplía, las acusaciones por una persecución injusta se vinieron abajo.

25 de octubre

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La única acusación que aguantó. Ese día declaró el dueño del bar Sa Trobada, el único que ha mantenido la acusación contra dos policías al final de las sesiones. Aseguró estar feliz por declarar, reafirmó que le habían perseguido y se enfadó cuando le enseñaron denuncias en su contra. Ese mismo día declararon dos testigos peculiares, dueños de otro bar: la madre no se acordaba de nada por salud y el hijo porque dijo que se había caído en un patinete y desde entonces tiene amnesia.

27 de octubre

El testigo expulsado. El dueño del bar ‘Mi Botellón’ terminó expulsado de la sala. En su declaración aseguró que fue perseguido de manera injusta. Resultó que había declarado en 2014 solo contra un policía local y que, más tarde, le visitaron agentes de Blanqueo para decirle que le acosaban para hacerse con su bar. Entonces cambió de forma radical. El problema es que, de nuevo, le enseñaron denuncias e intervenciones a su establecimiento. Entre otras, una actuación urgente porque dejó encerrados a los clientes un día a las ocho y media de la mañana (no había cerrado). Ante el duro interrogatorio comenzó a ponerse agresivo, se encaró con el tribunal y fue expulsado.

PALMA. TRIBUNALES. Seis acusados del ‘caso Cursach’, absueltos en el primer día de juicio. Pilar Carbonell, Jaime Lladó y otros cuatro acusados, absueltos el primer día. Cursach y su abogado, Enrique Molina, en el bar Central.MAS F
Cursach toma un café antes de entrar a la sesión.

4 de noviembre

‘El Ico’. Comenzó su declaración diciendo: «Se por qué lado mascan las iguanas». Luego admitió que su local, El Cavalli, tenía un precinto, que lo levantó pero que no hizo las obras necesarias. Más tarde fue cerrado de forma definitiva por superar los niveles de ruido.

16 de noviembre

A vueltas con la valla de Magaluf. Esa jornada declaró José Manuel Bover, el empresario de Magaluf que denunció a Cursach y que ejercía la acusación particular en nombre de Teresa Bueyes. El fiscal Subirán dejó fuera de la acusación inicial unas supuestas coacciones que tampoco se incluyeron en el auto de acomodación. Fueron archivadas. Así que los cargos se limitaban a una valla en la parte de atrás de BCM que monopolizó varias jornadas del juicio. La defensa de Cursach le exhibió nueve sentencias que le daban la razón.

18 de noviembre

La Fiscalía anuncia la retirada. «No hay elementos de cargo para sostener nuestro escrito de acusación». La Fiscalía dijo basta al terminar la prueba de las acusaciones. Las defensas comenzaron a renunciar a testigos y las acusaciones particulares se quedaron a la expectativa.

21 de noviembre

‘Los Juanes’. El comisario y el inspector de la Policía Nacional que investigaron a Penalva y Subirán desgranaron durante una mañana entera irregularidades en la instrucción. También pusieron de manifiesto las relaciones entre algunos testigos como ‘La Madame’ y los que ejercían en el juicio la acusación particular. Fue la única prueba propuesta por la defensa de Bartolomé Cursach.

29 de noviembre

Cae la última acusación contra Cursach. El día de la prueba documental, el abogado de Ángel Ávila anuncio a primera hora que retiraba la única acusación que mantenía contra Bartolomé Sbert. La «abogada ausente», como se refirió a ella el tribunal, Teresa Bueyes, no apareció ese día a pesar de que el tribunal la llamó por teléfono de forma expresa. Por sorpresa entregó un escrito en el que también se retiraba.

1 de diciembre

Informe del fiscal y catarsis. El día anterior las absoluciones de 22 de los 24 acusados ya se habían hecho oficiales. Sin embargo, el informe del fiscal, Tomás Herranz fue lo que cerró el juicio. Repasó todas las graves inconsistencias con las que llegó el caso desde la instrucción y el desplome en el juicio. «Este informe tiene otro objetivo: reconocer ante los acusados que han sufrido la injusticia y el cambio de la Fiscalía obedece a un intento mínimo de reparar el daño». El turno de última palabra de los acusados fue una catarsis.

El apunte

El hundimiento de la causa suma sospechas contra juez y fiscal

La sucesión de testigos que han declarado en el juicio que fueron presionados por el fiscal Miguel Ángel Subirán y que éste manipuló sus declaraciones con el juez Manuel Penalva delante suben la presión en torno a ambos. En total han sido veinte los testigos que han declarado en esa línea, la mayoría agentes de la policía local. El relato es similar: bajo amenazas de detención o ingreso en prisión, el fiscal introducía datos en la declaración que el testigo ratificaba por temor. La Fiscalía reclamó al final del juicio que se deduzca testimonio por estas declaraciones. Pide investigar si las detenciones y medidas cautelares contra todos los encausados en este juicio por su pudieron suponer delitos de detención ilegal. Será la sala quien decida si lo hace o no. Si ocurre, será el segundo frente judicial que tengan que afrontar Penalva, Subirán y los agentes del Grupo de Blanqueo.

La causa ya abierta en el TSJIB ha estado parada mientras se celebraba el juicio para resolver una serie de recursos de apelación vinculados a la sentencia del Constitucional que daba amparo a dos periodistas en el ‘caso Móviles’. Esos trámites ya han sido superados y las acusaciones están en trámite para calificar. Ya lo han hecho Cursach y Sbert, quienes reclaman una pena de más de treinta años para cada uno de los seis acusados y no incluye alguno de los delitos más graves que incluyó el auto del TSJIB como detención ilegal.
Se espera que la Fiscalía también haga una calificación dura contra el ex juez y el ex fiscal. El juicio aún tardará meses. Primero hay que cumplir una retroacción de actuaciones ordenada por el Constitucional para tramitar unos recursos de los periodistas por la incautación de teléfonos móviles. Otra en problemas tras el juicio es la inspectora de Blanqueo, con una posible causa por falso testimonio ante el tribunal.