Sbert y Cursach serán absueltos. | Alejandro Sepúlveda

El primer día del juicio se retiró la Abogacía de la Comunitat. Se marchó antes de que se produjera el cataclismo de la prueba testifical. Hace diez días, tras el fin de la prueba propuesta por las acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción asumió que no había prueba de cargo y, este lunes por la mañana llegaron a la misma conclusión dos acusaciones particulares más. Así las cosas, el ‘caso Cursach’ se reduce a la acusación de un local de la calle Metge Josep Darder de Palma: Sa Trobada.

El dueño de este establecimiento declaró en el juicio que fue acosado por la Policía Local en torno al año 2005 y que, entonces un policía local le dijo que podía arreglarse «de otra manera». El bar fue clausurado tras recibir decenas de denuncias de vecinos y reabrió en el año 2012, cuando volvió a ser objeto de denuncias. También afirmaba que los agentes le dijeron a una de sus clientas que le podían poner droga en el establecimiento. La mujer más tarde negó este episodio durante el juicio. Inicialmente les pedía condenas de nueve y seis años de prisión aunque, en la sesión de esta mañana tendrá que concretar el alcance de la acusación definitiva.

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En sus conclusiones iniciales también reclamaba más de medio millón de euros como indemnización a Cursach. Cuando se le preguntó el motivo en el juicio dijo: «No lo sé». La representación de Sa Trobada limita la acusación a dos agentes de la policía local, José Mayans y Gabriel Mayol, ambos miembros de la Patrulla Verde. Su defensa, ejercida por el abogado Gaspar Oliver, ha sido de las más activas en todos los interrogatorios y han introducido de forma reiterada los expedientes de sanción al establecimiento. Según las actas que han introducido los dos agentes juntos solo intervinieron en una de las visitas de la patrulla al establecimiento.

Pericial

En la sesión de este lunes se llevó a cabo la única pericial del juicio, pedida por el establecimiento Sa Trobada. Se trata de cuantificar cuándo dinero perdió este local tras ser cerrado en el año 2005 por orden municipal. En el turno de prueba documental, el abogado defensor del establecimiento, Yassine Labiad, intentó impugnar una de las claves de la defensa: las denuncias presentadas por vecinos por molestias de ruidos. «Tendrían que haber sido citados como testigos en el juicio», intentó argumentar. El tribunal lo zanjó: «Es prueba admitida desde el inicio de las sesiones».

En la sesión de hoy, las acusaciones tendrán que formalizar su salida del juicio y, con ellas la absolución de 22 de los acusados iniciales. En la jornada del miércoles estaba previsto que se diera trámite a las defensas para sus conclusiones definitivas y arrancar el jueves con los informes de las partes. De nuevo, los cambios en las calificaciones pueden agilizar el calendario de un juicio que, en principio tendría que haber durado hasta abril de 2023 y que no llegará en ningún caso a tomarse el turrón.