Una de las sesiones del juicio. | R.S.

El Ajuntament de Palma recibirá una nueva factura millonaria por el ‘caso Cursach’. La retirada de acusación ya efectiva sobre trece agentes de la Policía Local permitirá a estos repercutir sus gastos de defensa a las arcas municipales. Esos trece funcionarios públicos serán absueltos ya seguro por principio acusatorio. De hecho ya solo quedan dos agentes acusados y solo por una de las acusaciones particulares.

Legalmente los funcionarios públicos tienen derecho a que su administración garantice su defensa jurídica cuando su actuación profesional haya sido legítima. Una vez absueltos podrán beneficiarse de esta disposición. Las minutas de los abogados serán proporcionales a la duración que ha tenido tanto la instrucción de la causa como la del propio juicio: que superará las cuarenta sesiones. Otro de los conceptos que suman es la complejidad de las actuaciones y, en este caso son más de un centenar los tomos del sumario, además de todas las causas paralelas. Según fuentes de la causa las minutas podrían estar en las seis cifras.

Los archivos durante la fase de instrucción ya obligaron al Ajuntament a desembolsar en torno a dos millones de euros por policías que no llegaron a juicio y el coste de sus defensas. A esta cantidad hubo que sumar compensaciones por los prolongados periodos en los que los agentes estuvieron suspendidos de empleo y sueldo.

El Ajuntament no ha estado personado durante el procedimiento que ha llegado a juicio. Apareció como acusación particular a raíz de las primeras detenciones de agentes de la Policía Local pero siempre ejerció un papel muy secundario. En la pieza separada que ha terminado siendo el juicio del ‘caso Cursach’ no ha estado presente, ni como acusación ni como defensa.

Acusación

El núcleo de la acusación inicial sostenía que los agentes de la Policía Local habían perseguido de forma injusta a una serie de establecimientos de ocio nocturno en connivencia con el Grupo Cursach. Los agentes han aportado al procedimiento los expedientes municipales completos que acreditaban que sus actuaciones estaban avaladas por decenas de denuncias ciudadanas, decretos de Alcaldía y otras resoluciones administrativas, documentación que siempre ha estado a disposición de los servicios jurídicos municipales. Las posibilidad de que las costas sean abonadas por las acusaciones particulares choca con la escasa solvencia de los empresarios que la ejercen que ya han dejado claro en el juicio su mala situación económica, por lo que el principal riesgo financiero es para el Ajuntament.

Ministerio del Interior

La otra administración para la que las absoluciones pueden tener un coste es el Ministerio de Interior. De los policías que seguro serán absueltos a día de hoy, diez estuvieron en prisión preventiva, alguno de ellos cerca de un año. Una situación similar afecta a Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert que tendrán que esperar a la sentencia si las acusaciones particulares mantienen los cargos la próxima semana.

En estas situaciones, las compensaciones suelen ser mucho más escasas. Un ejemplo es el del expresidente del Barça, Sandro Rosell, que pasó más de 600 días en prisión preventiva y que más tarde fue absuelto. La Abogacía del Estado limitó la posible indemnización a 18.000 euros, en función de los días que había estado en la cárcel y rechazó que tuviera que ser compensado con los 30 millones de euros que reclamaba por el dinero que había dejado de ingresar mientras estaba en prisión. El juicio afronta su recta final esta semana que viene con las conclusiones e informes de acusaciones y defensas.

Punto de vista

¿Sin perdón?

Elcaso Cursach nos saldrá caro a los palmesanos por gentileza del exjuez Penalva y el exfiscal Subirán, asociados en una chapuza histórica.

Desde el principio, la regidora Angélica Pastor se sumó a la inhumana apisonadora del tándem, en lugar de defender a sus policías locales que estaban siendo masacrados sin piedad y, muchos de ellos, sin motivo. Quizás alguien de Cort debería disculparse.