La jueza titular del juzgado de Instrucción número 10 de Palma ha ordenado investigar y llegar hasta el final para saber quién o quiénes están detrás del perfil de apoyo al ‘rey del cannabis medicinal’ y actuar judicialmente contra ellos. Es más, según fuentes próximas al caso, el juzgado decidió admitir a trámite la denuncia y practicar todas las diligencias necesarias hasta el total esclarecimiento de los hechos. Todo ello al entender que se podría estar incurriendo en un delito de amenazas y de provocación para cometer un atentado contra los agentes en cuestión. Esta decisión judicial supone un duro golpe para los intereses del multimillonario Maximillian White y su entorno, dado que el caso se instruirá por vía penal con las consecuencias que ello conlleva de sanciones y privación de libertad para los supuestos autores de las amenazas, atentado y calumnias.
Esta resolución judicial es consecuencia de la denuncia interpuesta, a finales de agosto de 2022, por representantes sindicales de la Guardia Civil y Policía Nacional que se unieron para decir «basta ya» a la campaña de difamación y de desprestigio contra la Benemérita por parte de familiares, amigos, allegados y del propio ‘rey del cannabis medicinal’, el multimillonario Maximillian White.
Por ese motivo, la Unión de Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), con el apoyo de otras organizaciones y agentes de ambos cuerpos, interpusieron una denuncia por difamación, injurias, insultos y delito de odio contra los administradores de los diferentes perfiles y familiares del fallecido que están detrás del aluvión de vejaciones e insultos contra los agentes actuantes en el incidente registrado el pasado día 25 de julio de 2022 en la discoteca Boomerang. Tobias White-Sansom quedó en coma y murió cinco días después en el hospital por un traumatismo cerebral, según la versión de la familia.
Tras su fallecimiento, se inició una campaña de desprestigio y ‘cacería’ contra la Guardia Civil, a los que acusan de «torturadores, asesinos o brutalidad policial». El perfil ‘Justicia para Toby’ publicó un vídeo donde se mostraba la cara descubierta de un oficial de la Guardia Civil y se le identificó con su nombre y apellidos. Se trata, según las entidades denunciantes, de un claro atentado contra la protección de datos.
Ante esta campaña, Manuel Pavón (SUP) y José Gregorio Baraja (Unión de Guardias Civiles), a través del abogado Eduardo Luna de Equare Abogados, interpusieron la correspondiente denuncia que puede acabar con lo autores en el banquillo.
12 comentarios
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AngelcaídoPues aplíqueselo a usted mismo, Sr. diputado de VOX, que esta es su especialidad: difamar a docentes, servicios sociales, inmigrantes, parados, etc. Y con total impunidad. Pero claro, usted tiene la complicidad de la mayoría de los tribunales
HelioVaya, no sabia que ya había sentencia... Algunos vais muy acelerados, tal vez síntomas de la maría medicinal???
Detrás está el derecho , la necesidad moral y la obligación jurídica de hacer justicia frente a una actuación desproporcionada de un miembro de las fuerzas y seguridad del estado . Los protocolos de detención deben actualizarse . Las imágenes están ahí . Un árbitro se puede reforzar en el Var para tomar la decisión correcta . Un juez en ésta ocasión puede hacer lo mismo . Lo peor es que la vida que se fue no es reparable y que meter a un hombre en la cárcel no va a solucionar el problema . El problema es la contundencia con la que se emplean los agentes del orden y las leyes antipersonas que se legalizan
Me parece muy bien. No se debería DIFAMAR Y QUEDAR IMPUNE.
De verdad que estos guiris no aprenden. Aquí con el "Estado" en todas sus formas no te puedes meter. Ya sean políticos, jueces, policías, funcionarios varios o... Bueno ya aprenderán.
A lo mejor se creen todos ellos juntos, jueza incluida, que Maximilliam White es un rapero, un cómico o un titiritero al que con una denuncia se le calla y se le pone sentado en un banquillo. Me gustará ver cómo lo intentan, cojo mis palomitas.
Dos cosas, 1) tengo serias dudas de que la Ley de Protección de Datos española (que es para España), tenga validez jurídica alguna en el Reino Unido. Además es tarea difícil que algún tribunal inglés conceda una extradición debido a motivos de expresión (Human Rights Act de 1998, artículo 10.1). De igual manera, tampoco sería concedida la extradición por incumplir supuestas leyes españolas de datos fuera del territorio nacional español, y 2) se nota que los de la foto no han tomado nota del seguimiento mediático de este caso en Reino Unido, uno de los mayores escándalos de los últimos años con todos, repito, todos los periódicos de Inglaterra poniendo a caer de un guindo a Mallorca. Este caso irá a la Corte Europea, al tiempo.
"A partir de ahí se desata una «barbarie» caracterizada por la impunidad y los abusos. «Los archivos militares están llenos no de grandes casos, sino de cientos de pequeñas historias de torturas, palizas, asesinatos, violaciones, incluso en serie... a veces por motivos nimios, como una consigna lanzada años antes en una manifestación»." Artículo de Francisco Veiga, Sevilla, 26 junio de 2017, "Del negro al verde: historia maldita del cuerpo", disponible en internet, analizando los libros de Francisco Espinosa, estudioso de la labor de la Guardia Civil en el suroeste español y autor de La Guerra Civil en Huelva (1996), La justicia de Queipo (2006) o Guerra Civil y represión en el sur de España (2011).
A las fuerzas de seguridad sólo les tienen miedo los pobres y los trabajadores. Los ricos y otras faunas pasan olímpicamente. Si logran traer aquí a ese rico inglés, basta que diga ante el juez que al ser extranjero leyó bastante hemeroteca sobre la represión franquista y del terror impuesto en toda España. Y que se hizo un lío. Con buenos abogados no hay placa que aguante.
Si la Guardia Civil y la Policía Nacional han hecho las cosas bien, que se defiendan con palabras, aportando hechos y desmintiendo a quienes les acusan. Pero esto de utilizar el código penal y amenazar a la gente con la cárcel para que se quede callada, son prácticas autoritarias y sectarias cada vez más usuales y que no casan con una democracia. Como los delitos de odio y otras invenciones para acallar opiniones que no gustan. -------- Y otro tanto en cuanto a la infame ley de protección de datos, que también debería ser derogada ipso facto, pues su gran función es la de proteger con el anonimato a quienes ejercen funciones públicas para que no respondan ni rindan cuentas ante el público. Se llama "ACCOUNTABILITY", lo cual es algo sagrado para los anglosajones y de lo que deberíamos aprender en estas latitudes más oscurantistas y autoritarias. Porque todos aquellos que viven del dinero público, dinero que se le quita a la gente, precisamente deberían tener menos derecho al anonimato, pues como los políticos, son personajes cuya actuación tiene trascendencia pública y la paga el público. - Poco a poco se nos está yendo la democracia por el retrete.