Una de las actuaciones de la Policía Local cuestionada en el juicio: una redada por menores y consumo de drogas en una discoteca del Marítimo.

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El trigésimo testigo que comparece en el ‘caso Cursach’ resulta ser el primero capaz de identificar claramente qué policía le hacía inspecciones a la vez que describe una conducta de abuso. Tanto el empresario que explotaba un bar en el centro de Palma como su mujer coincidieron en lo mismo. Ambos señalan que dos de los policías acusados, Gabriel Mayol y Josep Mayans realizaron actuaciones reiteradas en su establecimiento durante años y describen una situación concreta en el que el primero entró en el establecimiento.

Según declararon ambos las inspecciones eran constantes. «Me llevaban de manera muy rígida el horario de cierre. Tenía que cerrar a la una sí o sí. No se por qué algunos bares podían y otros no». Más clara aún fue su pareja. Relata un episodio en el que estaba limpiando el local tras el cierre y con la barrera bajada. «Mi marido salió a tirar la basura y dejó la persiana un poco abierta. Me topé con una persona detrás. Era Mayol. Me asusté y empezó a preguntarme por qué limpias a esas horas y por qué pones el aire. Mi marido entró y estalló, tuvieron una discusión fuerte», relató. Pocos días después, mientras comían vieron que este policía había sido detenido y se fueron al juzgado a declarar.

El propietario suma a esto que el policía acudía como cliente al establecimiento pero que no pagaba las copas. «Estaba tan acojonado por su actitud que no me atrevía a cobrarle», dijo. Ayer declaró otro empresario de la misma zona. Este habló de una etapa con muchas inspecciones en torno a 2004 pero luego dice que la situación se normalizó y que estas respondían a denuncias de vecinos. En su caso no reconoce a ningún policía. Relató que sí identificó a algunos cuando declaro durante la instrucción a través de unas fotografías que le enseñó el juez.

Los interrogatorios de las defensas vincularon esas inspecciones al momento en el que la Lonja de Palma había sido declarada zona acústicamente saturada y se limitaron horarios y es ampliaron controles a los establecimientos. También enseñaron a los testigos actas de denuncias para justificar las visitas de los agentes de la Patrulla Verde. En la sesión de ayer también declaró uno de los empresarios que ejercen la acusación particular junto a Ángel Ávila por la supuesta persecución a la discoteca Level y su sucesora, Divino. Asegura que fueron perseguidos porque eran competencia de Tito’s. «El monopolio lo tenían ellos cuando abrimos. Marcaban los precios de todo. No soportaban que lleváramos gente y que se divirtieran más. Tenían que matar eso».

Aseguró que tuvo un enfrentamiento con Sbert porque denunció un autobús. Admitió también problemas con su licencia. En primer lugar por aforo, que superaban de forma habitual hasta que tuvieron una redada y tuvieron que reformar todo el establecimiento. También por los tiqueteros. Insiste en que a veces incumplían la norma pero porque sospechaban que Cursach la incumplía más. «Me destrozaron la vida», insistió en varios momentos de la declaración. Sobre policías locales se centra en un agente fallecido. «Era una gota malaya». También matizó su reclamación económica a Cursach. «Lo que me corresponda». Admite que no puede demostrar lo que perdió porque facturaban la mayoría en negro.

Uno de los episodios por los que más se queja fue un cierre por ruido tras una inspección de la Patrulla Verde. Según su versión, se llevaba bien con todos los vecinos y contrataron a un detective para saber quién les denunciaba. Este les dijo que era un vecino de Llucmajor y que había sido contratado por Cursach. Sin embargo, las defensas le mostraron múltiples denuncias de otros vecinos. «¿Le parece lógico que la policía acuda ante una denuncia así?», le preguntaron. «Sí».