«No me acuerdo. No sé». Durante dos horas, la antigua inspectora del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional apenas aportó datos ni pruebas sobre las investigaciones a Bartolomé Cursach y a los policías locales acusados de hostigar a su competencia. La agente policial recordó que lleva suspendida tres años y medio del cuerpo y que no ha podido revisar sus informes en la causa. Está sancionada tras su imputación por irregularidades precisamente en esta investigación y el TSJIB ha continuado la causa contra ella por revelación de secretos junto al juez instructor, Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán.

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La inspectora firmó entre 2015 y 2017 una serie de informes que son la base de las acusaciones en este juicio: reflejan el supuesto acoso de la Patrulla Verde a determinados locales y el trato de favor a los establecimientos de Cursach. Fue incapaz de detallar su actuación en ellos. El fiscal Tomás Herranz intentó aclarar algunos de ellos y terminó interrogando sobre las detenciones de Cursach, Sbert y algunos policías. «Se que se consultaron con el juez y el Ministerio Fiscal. Durante toda la investigaciónyo tenía superiores jerárquicos y trabajaba a su requerimientos y a los del equipo instructor», donde incluye a Penalva y Subirán.

Negó haber presionado a testigos y defendió que la investigación se llevó a cabo de manera objetiva. Fue muy imprecisa a la hora de identificar qué testigos o diligencias concretas llevó a cabo y se ganó más de una reprimenda de la presidenta: «Esto es insólito, en 22 años es la primera vez que me ocurre que el instructor de unas diligencias no sea capaz de explicarlas. Estamos en un grado de falta de profesionalidad y en circunstancias mucho peores para usted».