María Fernanda es una camarera de pisos que trabaja a media jornada en un hotel. Es madre de dos hijos, uno de ellos con discapacidad, que está viviendo una auténtica pesadilla. Hace unos meses, un incendio estuvo a punto de acabar con la vida de su hija que tuvo que ser rescatada in extremis por un vecino del edificio. Una vez sofocadas las llamas se descubrió que el origen del fuego había sido un cortocircuito en una de las habitaciones donde estaba la televisión.

María Fernanda vive de alquiler en la vivienda, ubicada en la calle Antoni Ribas de Palma, y paga algo más de 800 euros al mes. Nada más declararse el incendio la propiedad de la vivienda, según relata la protagonista, se desentendieron del estado del inmueble y de las condiciones en de desamparo en la quedaron ella y sus hijos. «Nadie nos ayuda. Pasan los días y tenemos que malvivir entre cenizas, hollín de las paredes, techo y sin poder cerrar ventanas ni persianas de la vivienda. Hemos tratado de limpiar la casa con todo tipo de productos, pero la suciedad no se marcha. Tenemos las puertas, aparatos electrónicos y muebles quemados o fundidos literalmente por el efecto de las llamas», apunta María.

Con lágrimas en los ojos recuerda que el día del incendio se había marchado a trabajar y que su hija estaba descansando en su habitación tras un día intenso de trabajo como socorrista. «Ella se percató de que había humo en la casa y trató de salir, pero no podía. En ese momento, un vecino de abajo tiró la puerta y la rescató. Estamos muy agradecidos porque gracias a él mi hija está viva. El problema es que ahora tenemos que vivir en colchones tirados en el suelo en el comedor porque en las habitaciones no se puede estar», apunta Fernanda.

Para colmo, la inquilina denuncia que les ha llegado una carta de la inmobiliaria ISN San Nicolás en la que le informan que según consta la cláusula de su contrato le van a subir un 12 por ciento el alquiler debido al índice del IPC. Además de subirle el incremento de la tasa de residuos sólidos urbanos. Todo ello, a sabiendas de que el Estado marcó que el precio máximo de subida aplicable a los alquileres del IPC no podía superar el 2 por ciento. «Necesito que alguien me ayude. No puede llegar el invierno, con lluvias, frío y estar sin ventanas. El seguro y la inmobiliaria me piden que les pase de nuevo vídeos y fotos de los daños, pero me ofrecen 700 euros para que yo me haga cargo de arreglarlo todo. Nos hemos vuelto locos», concluye María.