Miguel Ángel Subirán y Manuel Penalva, en el TSJIB, con su abogado en el centro de la imagen.  | Pere Bota

Uno de los funcionarios detenidos en el ‘caso ORA abre las acusaciones contra el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán. Reclama trece años de prisión para cada uno de ellos. La calificación pide que sean condenados por delitos de detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, revelación de secretos, omisión de impedir delitos, omisión del deber de promover la persecución de delitos, coacciones amenazas y obstrucción a la justicia. El escrito, sin embargo, llega cuando el proceso que se sigue contra juez y fiscal del ‘caso Cursach’ en el TSJIB está en suspenso y pendiente de si regresa al Juzgado de Instrucción 12 con una nulidad de todo lo actuado desde finales de 2018.

Este nuevo giro deriva de la sentencia del Tribunal Constitucional que daba amparo a dos periodistas por el ‘caso Móviles’. Esa resolución consideraba que se vulneró el derecho de ambos a la tutela judicial efectiva por no permitirles recurrir los autos en los que el juez Florit permitía el acceso al listado de llamadas de sus móviles y la posterior incautación de los terminales y otra documentación. El responsable del caso en el TSJIB, Carlos Gómez, en un primer momento, rechazó la petición de nulidad de las actuaciones que había pedido el juez Penalva. La misma Sala de lo Penal del Superior entendió que no afectaba porque la principal prueba de cargo contra los dos principales investigados son los chats de WhatsApp que fueron descubiertos en el teléfono móvil entregado de forma voluntaria por un policía nacional.

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Sin embargo, la semana pasada, Gómez, dictó una providencia para dar cumplimiento de la sentencia del Constitucional que implica devolver las actuaciones a 2018 y permitir el recurso contra esos autos. Los dos periodistas implicados se han personado ya en el procedimiento y reiterado su intención de recurrir esos autos. Ahora, el resto de partes tienen un plazo para pronunciarse sobre cómo debe ejecutarse esa sentencia y después, Gómez decidirá si debe volver toda la causa a Instrucción y qué consecuencias tiene. Mientras, quedó en suspenso el trámite que se dio a las acusaciones para calificar después del auto de la Sala de lo Penal que revocaba el sobreseimiento para Penalva y Subirán y les procesaba por detención ilegal.

Presiones en el calabozo

La calificación presentada por el ‘caso ORA’ relata numerosas presiones al funcionario, jefe de contratación de Cort, tras su arresto junto con otra docena de personas cuando estalló la operación. Señala que se le presionó para que confirmara las sospechas del juez y el fiscal y que se obviaron sus explicaciones sobre cómo se otorgó el contrato. Todos esos arrestos para la Fiscalía fueron ilegales ante la falta de indicios de delito en torno a esta contratación. Todo el caso fue archivado al descartarse un amaño.

Punto de vista

‘La madame’ y el testigo 29, a un juzgado de Instrucción por mentir en el caso

Mientras, el TSJIB sí ha iniciado los trámites para que ‘la madame’ y el antiguo testigo protegido 29, un exrecogevasos de Tito’s, sean investigados en un juzgado de Instrucción de Palma por falso testimonio. El auto del TSJIB desvinculó a ambos de Penalva y Subirán, por lo que la competencia sobre ambos corresponderá a juzgados de instrucción. Los informes policiales del caso concluyen que ambos mintieron de forma reiterada en la instrucción en torno a fiestas sexuales y que fingieron haber sido agredidos.