Si cualquier juicio se parece a la instrucción que le ha precedido, el proceso que arranca el lunes en la Audiencia será la vista más explosiva que se haya celebrado jamás. El empresario Bartolomé Cursach se sienta en el banquillo junto a otros 22 acusados por una trama cuya investigación arrancó en 2014 y que ha terminado con el juez que más la impulsó, Manuel Penalva, a punto de ser juzgado en el TSJIB por graves delitos. Otro instructor, Miquel Florit, también fue a juicio y absuelto por el ‘caso Móviles’, una derivada de la investigación que terminó con el otro magistrado. El fiscal que impulsó el procedimiento, Miguel Ángel Subirán, también está procesado. Con estos mimbres, por primera vez en muchos años, un juicio de Anticorrupción se inicia sin acuerdo posible. Ningún acusado está dispuesto a nada que no sea su libre absolución. Nadie confiesa ni implica a otros. Un muro forjado durante la instrucción.
A la imputación de dos magistrados y el fiscal se sumaron durante la instrucción otros episodios de alto voltaje: prisiones preventivas bajo un secreto de sumario que duró más de cuatro años, manifestaciones multitudinarias contra juez y fiscal, sospechas de sexo, drogas y hasta homicidios. Continuas denuncias por coacciones a testigos que más tarde son sospechosos de mentir. Ninguna causa ha navegado con semejante clima hasta el juicio. Tanta tormenta hace que casi todo lo que vaya a pasar a partir de este lunes en la Audiencia sea una incógnita. El caso le llega a un tribunal experimentado: la presidenta y la ponente ya estuvieron en Nóos. Sin embargo, durante meses intentaron abstenerse del proceso porque han resuelto centenares de recursos durante esa tumultuosa instrucción.
Anticorrupción
Por parte de la Fiscalía Anticorrupción la situación tampoco es cómoda. Manejan un asunto cocinado por su excompañero Miguel Ángel Subirán, ahora procesado por coacciones a testigos y detenciones ilegales, algunas vinculadas a este caso. Apenas diez días antes del juicio, los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz dieron un vuelco a la acusación inicial. Retiraron los episodios más controvertidos como las supuestas orgías de policías locales en Tito’s y cualquier rastro de soborno a funcionarios municipales de Palma o de Calvià. Las peticiones de pena han bajado también de manera drástica: Cursach pasa de arriesgar ocho años y medio de prisión a uno y medio.
Ahora, la Fiscalía centra el juicio en la Policía Local de Palma. Fue el inicio de la investigación, previa a la irrupción en ella del juez Penalva. Los agentes de policía responden por amenazar a locales, reclamarles dinero para evitar inspecciones o por exigir ser contratados para servicios de seguridad en Platja de Palma. El papel de Cursach en este nuevo diseño de acusación queda limitado. Se le acusa de formar una organización criminal junto a Bartolomé Sbert, su número dos, el jefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres, y el mando de la unidad Bartolomé Capó. Son los únicos acusados por este delito. De ahí se mantiene que extorsionaron a la discoteca Level para provocar su cierre. También se achaca otro episodio por el supuesto aviso a Tito’s de una inspección y por una reunión en la que el jefe de la Policía Local, Joan Miquel Mut, amenazó a dos agentes para que retiraran una sanción a otro local del empresario en el año 2006.
El cambio de la Fiscalía está justificado por la investigación al juez Penalva, el fiscal Subirán y los informes policiales que acreditan que los testigos que acreditaban hechos como las fiestas de Tito’s mentían. Con esta modificación gana peso el papel de las acusaciones particulares, en especial la que reúne bajo el mismo letrado a empresarios de Palma y Magaluf, los primeros en denunciar a Cursach.
Estas acusaciones mantienen peticiones de prisión de hasta 41 años de cárcel para Cursach y, a la vez, reclaman indemnizaciones millonarias, hasta 80 millones de euros. La primera batalla legal de esta semana por parte de las defensas será expulsarlas del proceso o limitar al mínimo su capacidad de actuación. El miércoles estas acusaciones aportaron grabaciones del exfiscal Subirán a testigos. Las defensas interpretan que esto demuestra que quien está en realidad detrás de las acusaciones particulares son los propios Penalva y Subirán.
El lunes arrancará el juicio con una batería de cuestiones previas con las que las defensas buscan anular el procedimiento. Son tantas que ocuparán las primeras semanas de vista oral. Es complicado que las declaraciones lleguen al menos hasta julio, si no lo hacen en octubre tras el parón estival. Esta será la tercera ocasión en la que Cursach se sentará en el banquillo. Fue condenado a ocho meses de cárcel por una escopeta que tenía debajo de la cama cuando fue detenido y a una multa por llamar «subnormal» al entonces juez Manuel Penalva. El empresario estuvo catorce meses en prisión preventiva.
Además de este macrojuicio quedan otros procesos que derivan de la misma instrucción: el que afecta al empresario Miguel Pascual y a policías locales por actividades en Platja de Palma, el que analizará el amaño de oposiciones y otro contra la cúpula policial de Calvià. Ninguno de ellos tiene aún fecha.
4 comentarios
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Tendrán que construir una nueva cárcel para meterlos a todos dentro.
Todo o nada ??? Todo depende del dinero y casi nada de la verdad , los poderosos se irán a casa , los menos poderosos unos meses de cárcel y los otros unos años de cárcel .
En serio que, estas semanas, ¿tendremos que aguantar este tipo de noticias en primera página?