Cuartel de la Policía Local de Palma. | ARCHIVO

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El caso se centra ahora en la actuación de un grupo de policías locales de Palma. Sobre todo en torno a dos grupos: la Patrulla Verde y el Grupo de Acción Preventiva (GAP). Varios de los agentes encausados aquí tienen también pendientes otros dos procedimientos: el que afecta al empresario Miquel Pascual y a su actuación en la Platja de Palma y el que juzgará si se manipuló un proceso de ascenso en la Policía Local de Palma.

Policías locales y funcionarios

Antonio Bergas

Empleado de Cursach
Este expolicía local era en la calificación inicial el supuesto enlace de Cursach con funcionarios municipales a los que se daban regalos. Una trama suprimida.
La Fiscalía no le acusa

Arturo Segade

Empleado de Tito’s
Compartía la misma acusación que Lladó. Llegó a estar en prisión preventiva acusado por el testigo 29 por unos hechos que más tarde fueron archivados.
La Fiscalía no acusa

Joan Miquel Mut

Jefe de la Policía Local
Está acusado por haber presionado a dos policías por una sanción a Cursach y por expedientar a un agente que había denunciado irregularidades.
Petición: Inhabilitación

Feliciano Franco

Patrulla Verde
La calificación que mantiene Fiscalía le acusa de irregularidades en las inspecciones a cinco locales, supuestamente para coaccionarlos y amedrentarlos.
Petición fiscal: 2 años

Gabriel Mayol

Patrulla Verde
Está acusado de extorsionar a los dueños de varios locales, de llevarse un jamón de uno de ellos y de hacer proposiciones sexuales a la dueña de un bar.
Petición fiscal: 8 años

Juan Mayans

Patrulla Verde
Acusado por haber cobrado supuestamente de locales que tenía que inspeccionar, de haber recibido favores sexuales y consumiciones gratuitas.
Petición fiscal:6,5 años

Juan Mayans

Patrulla Verde
Acusado por haber cobrado supuestamente de locales que tenía que inspeccionar, de haber recibido favores sexuales y consumiciones gratuitas.
Petición fiscal:6,5 años

Rafael Amengual

Policía Local
En el escrito definitivo solo se le acusa por haber supuestamente acosado a la discoteca Level tras un acuerdo con Bartolomé Sbert para perseguir este local.
Petición fiscal: 2 años

Noticias relacionadas

Carlos Vallecillo

Policía Local
Está acusado de cobrar a un empresario por llevarle la seguridad de su establecimiento. El supuesto pagador de estos sobornos, sin embargo no está acusado.
Petición: 6,5 años

Carlos Tomás

Policía Local
Acusado de haber cobrado por la seguridad de un local y de amenazar a un hombre para que comprara droga a un narco y poderlo detener.
Petición: 6,5 años

Nicanor Góngora

Policía Local
Se le acusa de extorsionar a varios locales para contratarle a él seguridad y otros trabajos. También de recibir favores para un establecimiento que él llevaba.
Petición: 6,5 años

Felipe Florit

Policía Local
Responde por la supuesta campaña desarrollada a instancia de Sbert para acosar a la discoteca Level con inspecciones y sanciones para provocar su cierre.
Petición fiscal: 2 años

Rafael Estarellas

Comisario
Se le acusa de haber ignorado la denuncia de la dueña de un local contra dos agentes de la Patrulla Verde por extorsión y no haber hecho nada al respecto.
Petición: Inhabilitación

Tomás Más

Oficial del GAP
El único hecho en el que aparece ahora es porque fue denunciado por uno de sus subordinados y esta queja terminó en un expediente a este agente.
Petición fiscal: Multa

Daniel Montesinos

Policía Local
Está acusado por la trama en la que agentes de un grupo policial de élite imponían sus servicios como seguridad a locales de Platja de Palma.
Petición fiscal: 8 años

Bernardí Seguí

Funcionario del Govern
Estaba acusado en la trama de Pilar Carbonell en la tramitación de la licencia. La Fiscalía le retira la acusación al no haber ninguna posible prevaricación.
La Fiscalía no acusa

Julián Garau

Celador de Cort
Se le acusaba inicialmente de colaborar con el Grupo Cursach para el pago de sobornos y presiones a funcionarios del Ajuntament. Esta trama se ha descartado.
La Fiscalía no acusa

Jaime Nadal

Funcionario de Calvià
Está acusado por oponerse a la revisión de oficio de la licencia de BCM. Un informe del Consell Consultiu acredita que ese expediente era una ilegalidad.
La Fiscalía no acusa