Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán, de camino a los juzgados de Vía Alemania. | Alejandro Sepúlveda

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La Sala de lo Penal del TSJIB permite que el exjuez Manuel Penalva se siente en el banquillo de los acusados por prevaricación por ordenar detenciones sin motivo. Además, tanto él como el exfiscal Miguel Ángel Subirán responderán por delitos de amenazas, coacciones y obstrucción a la justicia por presionar a testigos, fundamentalmente en el ‘caso ORA’. La resolución del TSJIB revoca el sobreseimiento libre que acordó el juez instructor, Carlos Gómez, aunque sí mantiene este pronunciamiento respecto a las actuaciones que más de lleno tocan al ‘caso Cursach’, como las acusaciones por manipular a la madame, al ICO o al testigo protegido 29. Todos ellos siguen imputados por falso testimonio pero en procedimientos aparte.

El auto, de más de 300 páginas, considera que existen indicios suficientes de que el juez Penalva prevaricó al amparar las detenciones de doce personas en el ‘caso ORA’. En octubre de 2016 se arrestó a toda la mesa de contratación. El TSJIB considera que no había indicios «solventes» de delito por parte de estas personas, funcionarios municipales y concejales como Irene San Gil. Para la sala estas detenciones pudieron obedecer «a una estrategia». También respondería al mismo motivo forzar la detención de los padres y el hermano de Álvaro Gijón: «No aparece un análisis o un comentario sobre la oportunidad o soporte ilegal para proceder a estas detenciones». También se incluye la orden de ingreso en prisión preventiva del empresario Antoni Roig como una posible prevaricación.

Del mismo modo, el auto amplía los delitos por los que juez y fiscal pueden ser juzgados a las presiones a testigos de la ORA. Recuerda que, en algunos casos, hay indicios de que se realizaron advertencias de que dormirían en el calabozo policial si no declaraban lo que se pretendía. También incluye nuevas posibles revelaciones de secreto cometidas por juez, fiscal y policía, impulsadas, según señalan las acusaciones para buscar un clima de opinión contrario a los investigados en todas las causas que entonces tramitaba el juzgado de Instrucción 12.

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Sin embargo, sobre las declaraciones más polémicas, como las de la madame, la Sala señala que el juez y el fiscal se creyeron estas versiones, «probablemente de manera ingenua». Se basan en el contenido de los chats de WhatsApp incautados a los policías de blanqueo y en el que participaban también juez y fiscal. Sobre ellos, advierte que «no pueden utilizarse como único elemento incriminatorio en el que basar el aludido juicio de probabilidad sino que han de conjugarse con tras diligencias y con lo que fue sucediendo». Buena parte de las alegaciones de las acusaciones sobre coacciones en el seno del ‘caso Cursach’ se quedan fuera, bien porque los magistrados consideran que no eran objeto de este procedimiento, o bien porque no fueron denunciadas por los afectados directos. Así, se desestiman de forma íntegra los recursos de los policías acusados. Sí que prospera las posibles amenazas y coacciones que sufrió el ‘número dos’ de la trama, Bartolomé Sbert, cuando fue detenido y estaba en comisaría.

Un de los delitos que se descarta por el TSJIB es el de organización criminal, ya que sostiene que juez, fiscal y policías actuaron dentro de las funciones que tenían conferidas legalmente y descarta cualquier indicio de este ilícito.

El auto del TSJIB, firmado por los magistrados Pedro Barceló, Antoni Terrasa y Fernando Socias, llega justo una semana antes de que arranque el macrojuicio del ‘caso Cursach’. Será aportado de forma inmediata a la causa de la Audiencia y protagonizará algunas cuestiones previas. Penalva y Subirán se encuentran los dos jubilados por incapacidad, mientras que los policías de blanqueo están suspendidos de empleo y sueldo.