La acusada, en el juicio, este miércoles en la Audiencia de Palma. | Alejandro Sepúlveda

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Una mujer ha sido condenada a un año de cárcel por quedarse con 17.000 euros de la pensión de su madre. La acusada se ha declarado autora de un delito de administración desleal en el juicio celebrado este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma y deberá devolver el dinero que se apropió.

Los hechos se produjeron entre los años 2017 y 2020. La procesada, que se encargaba del cuidado y de la gestión del patrimonio de su madre, tenía acceso a las dos cuentas corrientes de la víctima, que en aquellas fechas contaba con más de 80 años. De esta forma realizó compras y gastó el patrimonio de su madre en veterinarios, gasolineras, joyas o perfumes.

Todo empezó en julio de 2017, según indica la Fiscalía en su escrito, cuando retiró de una de las cuentas corrientes de su madre 470 euros y en diciembre de ese mismo año, 3.020. Los gastos ordinarios mensuales para el cuidado de la víctima, apunta el Ministerio Público, no excedían de los 300 euros.

La acusada, en fecha indeterminada pero comprendida dentro de esos años, aprovechó que su madre se encontraba a su cargo y cuidado para spoderarse de diversas joyas suyas como un reloj de oro Festina, una pulsera Pandora con cuatro colgantes, varios pendientes de oro y un anillo de oro con rubí de casi un quilate. También se hizo con varios sellos de oro de su padre fallecido, una cadena con cruz y aros de pulsera que eran de cuando sus hermanos hicieron la comunión.

La víctima, que padecía un deterioro cognitivo que devino en Alzheimer, fue declarada en 2020 incapaz total para gobernar su persona y bienes y para otorgar testamento.

La Fiscalía reclamaba una condena de seis años de cárcel para la hija de la perjudicada por un delito continuado de apropiación indebida y otro de hurto. El representante del Ministerio Público ha rebajado su petición a un año, esta mañana, tras llegar a un acuerdo con la defensa de la mujer y la abogada de la acusación particular.

La procesada no ingresará en prisión con la condición de que no cometa ningún delito en los próximos cinco años y de que abone la responsabilidad civil en cuatro.