El juicio contra el joven que grabó a agentes de la Policía Nacional entrando en un piso de Palma mientras celebraban una fiesta ilegal durante el confinamiento tendrá lugar el próximo 24 de enero. La mañana de este martes estaban citadas las partes para una vista previa en el juzgado de lo Penal número 6 de la ciudad, pero no han llegado a un acuerdo. La Fiscalía pide tres años de cárcel para el acusado por delitos de desobediencia a la autoridad y calumnias. Además, reclama que indemnice a los policías que irrumpieron en el domicilio con 3.000 euros a cada uno de ellos.

«Venimos a defender una actuación que fue impecable y no hubo nada que reprochar. Es muy grave vulnerar la intimidad de nuestros compañeros, que quieren preservar esa labor que realizan como policías y pone en riesgo su integridad física en el futuro. Las imágenes se publicaron y divulgaron sin autorización de nuestros compañeros y vamos a poner todo el empeño para que haya una condena», ha dicho el portavoz nacional de Jupol, Pablo Pérez, a la salida de los juzgados de Vía Alemania.

Los hechos ocurrieron el 9 de mayo de 2020, durante la fase previa de la desescalada. La Policía Nacional recibió una llamada de una vecina en la que les informaba de que se estaba celebrando una fiesta ilegal en un piso de Palma cuando en aquellas fechas estaban prohibidas las reuniones entre personas no convivientes. El estado de alarma todavía no había finalizado.

Los agentes se personaron en la casa y observaron al ahora acusado debajo de una de las camas. El joven, que dijo que era abogado, empezó a grabar a los policías con su móvil y les comentaba que no podían acceder a la vivienda sin orden judicial ni el consentimiento de su propietario. La Fiscalía considera que el acusado se encontraba en un domicilio en el que no debía estar porque quebrantaba las restricciones establecidas.

El joven, que se negó a identificarse, difundió las imágenes en las redes sociales con los rostros de los agentes que intervinieron y enseguida se hicieron virales. Días después concedió entrevistas en medios de comunicación y aseguró que la entrada de la Policía Nacional en la vivienda había sido ilegal y sin autorización. El sindicato policial Jupol pide para el acusado una condena de tres años de prisión y una multa de 5.400 euros por supuestos delitos de desobediencia, contra la intimidad, calumnias e injurias.