Los 22 acusados del 'clan de los Pelúos', en la Audiencia Provincial. | A. Sepúlveda

16

Los 23 acusados de mafia okupa de 'Los Pelúos están ya en el banquillo de los acusados. El primer gran proceso contra una banda organizada dedicada a entrar en viviendas vacías y ponerlas en alquiler ha arrancado este lunes por la mañana en la Audiencia Provincial tras negociaciones frustradas de último momento entre la Fiscalía y las defensas. Los acusados rechazarán declarar en el juicio y sus defensas han intentado esgrimir la existencia de una vulneración de derechos fundamentales para intentar invalidar el proceso que ha sido desestimada por la Sala.

Los abogados consideran que «los inquilinos sabían que estaban en pisos okupas» y que, por tanto, participaron del delito, por lo que no pueden comparecer como testigos protegidos. En la versión de estas personas se asienta buena parte de la acusación que narra como a estas personas se les alquilaban viviendas que previamente habían sido ocupadas por el clan. Más tarde se les sometía a amenazas para que siguieran pagando o cuando cuestionaban la legalidad de la situación de las viviendas. Las defensas consideran que esos testimonios se pudieron conseguir a cambio de archivar la causa para ellos. La Fiscalía ha respondido que se trata de una situación conocida por las partes desde el inicio de la instrucción en 2013 y que, por tanto, es una petición fuera de lugar ya que no se planteó antes. La Sala ha desestimado la cuestión previa y considera »llamativo« que se intente valorar ahora otros delitos por parte de las defensas.

La red del clan funcionó durante años, según la calificación de la Fiscalía. De forma organizada, localizaban pisos vacíos en Palma, sobre todo en Son Gotleu y, casi todos propiedad de entidades bancarias. El Ministerio Público recoge en su calificación quince de esos domicilios. Al frente de la trama se encontraba, de acuerdo con la acusación, la familia Fernández Santiago, conocidos como 'Los Pelúos'.

Una vez encontraban un piso vacío, la banda ponía en marcha distintas tareas entre los acusados. Un grupo se dedicaba a saltar las cerraduras, entrar en las viviendas y hacer enganches ilegales de luz y de agua corriente. Los cabecillas se encargaban de la 'comercialización' mediante anuncios manuscritos de alquiler de viviendas muy por debajo del valor del mercado.

La Fiscalía reclama condenas que se elevan hasta los siete años y medio de cárcel para los principales responsables de la trama. En su acusación incluye delitos de organización criminal, usurpación, coacciones y defraudación de fluido eléctrico.

El juicio ha arrancado con retraso por la tardanza de cinco de los acusados en llegar al juicio. Con un notable enfado, la presidenta del tribunal les ha advertido: «Si mañana no comparecen a la hora en la que están citados, el tribunal adoptará las medidas oportunas, incluida la prisión preventiva».