Captura de las imágenes denunciadas.

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La Fiscalía pide una condena de tres años de cárcel para el autor del vídeo viral de la Policía entrando en un piso en Palma durante el confinamiento, por presuntos delitos de desobediencia y calumnias. También solicita indemnizaciones en favor de los policías afectados por valor de 3.000 euros.

El Juzgado celebrará en octubre una vista previa al juicio para tratar de alcanzar un acuerdo entre las partes. Por su parte, el sindicato policial Jupol solicita para el acusado, un joven de 27 años, tres años de cárcel y una multa de 5.400 euros por presuntos delitos de desobediencia, contra la intimidad, calumnias e injurias.

Los hechos recogidos en el polémico vídeo tuvieron lugar el 9 de mayo de 2020, cuando Mallorca estaba en la fase 0 del plan de desescalada. Los agentes se personaron en un domicilio por la llamada de una vecina que aseguraba que se estaba celebrando una fiesta, con varias personas que no residían allí. Los agentes y el hombre denunciado ofrecieron versiones contradictorias de cómo se produjo la entrada en el piso.

Los sindicatos policiales aseguran que otra persona que se identificó como residente en el piso había autorizado a los agentes a entrar. En la vivienda estaba el ahora investigado, que grabó lo que ocurría con su móvil y conminó a los agentes a marcharse.

El hombre rechazó identificarse ni dejar de grabar porque defendía que estaba en su derecho. Argumentó que no tenían una orden judicial, y negaba que se les hubiera dado permiso para entrar, por lo que en el vídeo les acusa de haber entrado «por la fuerza». En las imágenes, el hombre dice que llevados meses viviendo en el piso, mientras que los policías mantienen que no es su casa.

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LA VERSIÓN DE FISCALÍA

En su escrito, el fiscal defiende que el acusado se hallaba en una vivienda en la que no residía «con pleno conocimiento de que estaba quebrantando las restricciones establecidas» en el Real Decreto del primer Estado de alarma --sobre el que posteriormente se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, declarando inconstitucional parte del texto--.

La Fiscalía recoge que el acusado se encontraba en el piso celebrando la fiesta de cumpleaños de un amigo, el morador de la vivienda, y que éste permitió a los policías pasar. Siguiendo con la versión del fiscal, los agentes encontraron escondido al acusado debajo de una cama, y le pidieron identificarse, pero él se negó y comenzó a grabar con su móvil.

El fiscal añade que en días posteriores el acusado compartió el vídeo, que comenzó a circular en redes sociales. También reseña que el joven concedió entrevistas en varios medios de comunicación acusando a los agentes de haber entrado en el domicilio sin autorización.

Por su parte, el escrito de Jupol, añade que durante el incidente el acusado manifestó ser abogado de forma «vacilante, chulesca y para nada colaboradora».

También señalan que en el vídeo difundido en redes sociales «se podía ver perfectamente el rostro» de los agentes, y que suscitó «todo tipo de debates y comentarios, muchos de ellos calumniosos e injuriosos para los agentes y el Cuerpo Nacional de Policía».