El exjuez Penalva y el exfiscal Subirán, ambos jubilados. | Pere Bota

La incapacidad permanente absoluta que ha reconocido el Consejo General del Poder Judicial al juez Manuel Penalva y que un año antes recibió el exfiscal Miguel Ángel Subirán tiene un plus sobre una jubilación convencional. Ambos percibirán como prestación una cantidad que supera en cerca de 6.000 euros anuales la pensión que reciben un juez o un fiscal que acceden a la jubilación. El motivo es que la prestación que genera una incapacidad permanente no está gravada por el IRPF, como sí ocurre con las pensiones de jubilación. De esta manera, cobrarán de forma íntegra la prestación que es similar a la que recibe un magistrado que se ha jubilado. Cualquier miembro de la carrera judicial o fiscal que se jubila recibe la pensión máxima: 2.707 euros en catorce pagas. La diferencia deriva de ese trato fiscal.

La Seguridad Social es muy restrictiva a la hora de conceder este tipo de prestaciones que desembocan de forma habitual en procedimientos judiciales. Estas causas en Balears se suelen demorar en torno a los dos años desde que el trabajador interpone la demanda hasta que tiene una respuesta definitiva de los tribunales.

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De hecho, de forma reciente, uno de los juzgados de lo Social remitió a la Sala de Gobierno del TSJIB una queja contra la clínica forense por demoras en informes sobre trabajadores pendientes de incapacidad, dado que, en algún caso, ha habido juicios que se tuvieron que suspender por ese motivo. En el caso de juez y fiscal ha ido más ágil.