Alrededor de ochenta personas participaban de la celebración, una fiesta ilegal en una finca en Sant Jordi.

32

Se acabó la fiesta. Agentes del Grupo Alazán de la Policía Nacional, Patrulla Verde (Policía Local de Palma) e inspectores del Govern irrumpieron en una boda gitana, con más de 80 personas en su interior, clausurando la misma por razones de seguridad sanitaria contra la COVID-19.

El pasado viernes, en torno a las 16.30 horas, la sala del 091 recibió un aluvión de llamadas. Vecinos y residentes del Camí de Son Oliver, en Sant Jordi, alertaban a los agentes de la celebración de una fiesta gitana donde nadie cumplía con las medidas sanitarias, distancia social y aforo. Rápidamente, varias patrullas acudieron al lugar del suceso. Una vez allí, los funcionarios policiales observaron una casa de campo con música, gente bailando y unas 70 o 80 personas reunidas y sin mascarillas.

Una vez que los agentes se identificaron como policías, los asistentes se introdujeron en varias casas existentes en la parcela, muchos de ellos a la carrera para no ser identificados.

Finalmente, el patriarca y padre de la novia se entrevistó con el subinspector que estaba al mando del operativo. El hombre se negó a que se procediera a la identificación de sus invitados, pero suspendió la celebración.

Patriarca y padre

El patriarca explicó que estaban celebrando la boda de su hija, que llevan un año esperando y que es una tradición gitana. De hecho, también se aproximaron unos cuantos invitados explicando a la fuerza actuante que estaban celebrando una tradición gitana, mostrando el famoso pañuelo y alegando que no estaban haciendo daño a nadie. Por parte la Conselleria de Turisme del Govern balear levantó la correspondiente acta de sanción por celebrar una fiesta ilegal y no respetar las medidas de seguridad COVID-19. A escasos metros, varios furgones de la UPR (antidisturbios) aguardaban por razones de seguridad. Finalmente, no fue necesaria su actuación imperando el sentido común de los participantes de la boda.

Entre el viernes y el sábado, el dispositivo policial y de Govern, levantó más de 250 actas de sanción e inspeccionó a más de 56 establecimientos comerciales de la capital balear.