La trama estaba supuestamente formada por empresarios, abogados, funcionarios e inmigrantes, que manipulaban documentación para obtener ayudas, conseguir nacionalidades y también para solicitar préstamos de forma irregular.
El primer detenido
Un empresario, cuyas iniciales son C.L., relacionado con peluquerías low cost y un gimnasio, que usaba como tapaderas. En 2017 ya fue detenido en una macrooperación de la Policía Nacional contra el tráfico de sustancias estupefacientes, dopantes y anabolizantes.
Tras ese episodio, aseguraba haberse desvinculado de algunas amistades tóxicas y del dinero fácil. «He cometido algunos errores en el pasado», explicó en una entrevista concedida a este periódico.
C.L. se encuentra en prisión preventiva desde hace una semana tras confesarlo todo. Reconoció que cobraba entre 5.000 y 8.000 euros a cada inmigrante para regularizar -con la ayuda de los abogados detenidos- su situación. Su confesión fue clave.
Los abogados
Se trata de dos abogados de Palma, cuyas siglas son J.M.S y B.T. y que han quedado en libertad con cargos después de prestar declaración con el juzgado de Palma a través de una videoconferencia.
Los dos profesionales han pasado tres días en los calabozos de la Jefatura palmesana tras el registro de su despacho ubicado en la Avenida Comte Sallent. Durante el registro se incautaron ordenadores y hasta siete cajas de documentos.
Los funcionarios
La Policía Nacional también investiga a un alto funcionario de Extranjería de la Delegación del Gobierno, a un técnico del Tamib y a un guardia civil. Agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) ya han imputado a varios sospechosos.
El funcionario de Extranjería de la Delegación del Gobierno fue citado a declarar el pasado miércoles en calidad de imputado, pero se negó a declarar porque las diligencias están secretas y no sabe realmente de qué se le acusa
Así funcionaba la trama
El grupo de abogados, empresarios y funcionarios se dedicaba presuntamente a regularizar documentación de inmigrantes y también a estafar a empresas dedicadas a la concesión de créditos rápidos.
Según ha podido saber esta redacción, los inmigrantes eran normalmente contratados en alguno de los negocios vinculados a un empresario que desde hace varios días ya se encuentra en prisión.
Posteriormente entraban en juego los dos abogados y, presumiblemente, varios funcionarios, que eran los encargados de facilitar la regularización de estos trabajadores. Por este tipo de gestiones, los inmigrantes debían pagar entre 5.000 y 8.000 euros.
Además, esta trama de inmigración irregular también se dedicaba a cometer estafas a empresas crediticias. En este caso, se solicitaban préstamos personales a nombre de personas que no tenían conocimiento alguno de ello.
En este sentido, se llegaron a formalizar préstamos de hasta 40.000 euros. La investigación continúa bajo secreto de sumario y está previsto que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones.
La estafa supera el millón de euros.
1 comentario
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
Viendo los comentarios, me explico por que el fascismo sigue vivo Los mismos que dicen esto en estas concentraciones, son los que cuando la extrema derecha se manifestaba. Asomar la patita.