Los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo, encargados del caso. | A. Sepúlveda

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La Fiscalía Anticorrupción amplía el recurso para que el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán vayan a juicio por coacciones a testigos. El ministerio público ya presentó un duro escrito ante el TSJB para revocar el auto en el que el magistrado instructor, Carlos Gómez, archivaba los delitos más graves que pendían contra los principales responsables de la investigación del ‘caso Cursach’.

Ahora, los dos fiscales de Madrid encargados de la causa han presentado un nuevo escrito para incluir el trato dispensado a otros cuatro testigos: «Hay indicios de que las declaraciones fueron convenientemente guiadas», señalan en el recurso.

De nuevo, la acusación pública se basa en el contenido de los chats de Whatsapp. En ellos, figuran mensajes del juez Penalva en el que indica que los testigos, antes de declarar, «se estudien bien» sus declaraciones anteriores para que no se líen y que reconozcan a varios investigados: «Esta forma de proceder pervierte la propia razón de ser de la diligencia procesal». La Fiscalía entiende que debe ser un tribunal en juicio quien decida «la intencionalidad de los investigados».

Además de estos delitos, Anticorrupción ha pedido a la Sala de lo Penal del TSJB que abra juicio oral contra Penalva y Subirán por varias detenciones ilegales.

El magistrado instructor, Carlos Gómez, dictó hace unas semanas un auto aclaratorio en el que se refería a los testigos que ahora pide incluir la Fiscalía. Descartaba la existencia de delitos. El instructor quita valor probatorio a los mensaje de Whatsapp ya que, entiende que no reflejan necesariamente la realidad de lo que ocurrió durante la investigación. De esta forma, planteaba en su auto continuar el caso sólo por de revelación de secretos y de omisión del deber de perseguir delitos.