La acusada, este jueves, en una sala de la Audiencia Provincial de Palma. | Juan P. Martínez

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Llevaba semanas luchando con su entidad bancaria para evitar ser desahuciada de su vivienda, ubicada en la calle Catalina Thomàs, en Bunyola. Sus intentos quedaron en nada y días antes del lanzamiento decidió prender fuego a la casa, el 5 de julio del pasado año. Este jueves la acusada, que sufre un grave trastorno mental, admitió los hechos en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma y aceptó una condena de ocho años de control parental. La mujer deberá seguir un tratamiento y presentarse cada seis meses en los juzgados con su madre para informar de su evolución.

Los hechos se remontan a las 13.00 horas del 5 de julio de 2019. La procesada había estado acumulando los días previos al día del suceso papeles y cartones en las diferentes estancias de la vivienda, a los que prendió fuego. Para asegurarse la propagación de las llamas se encargó de echar gasolina. El incendio destruyó la casa y diferentes vecinos de las fincas colindantes tuvieron que ser evacuados por el peligro que existía de que el fuego alcanzara sus propiedades.

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Numerosas dotaciones de bomberos llegadas desde los parques de Sóller, Calvià e Inca se afanaron para sofocar las llamas. También acudieron al lugar del siniestro dos ambulancias medicalizadas que, afortunadamente, no tuvieron que atender a nadie.

Este jueves la mujer, que se encontraba en prisión desde el 30 de julio de 2019, se ha declarado culpable de un delito de incendio y ha aceptado la pena de ocho años de internamiento psiquiátrico, a la que se ha llegado tras un acuerdo de conformidad entre las partes antes de la vista. Inicialmente la Fiscalía solicitaba para la acusada 13 años de internamiento.