Los acusados, durante el juicio. | Juan P. Martínez

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El supuesto líder de una red internacional dedicada al narcotráfico ha negado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma que sus ingresos estuvieran vinculados al tráfico de drogas entre 2017 y 2018.

El acusado, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha defendido que se dedicaba a la intermediación inmobiliaria, sobre todo en el sector hotelero, y que cerraba compraventas por valor de millones de euros.

El presunto cabecilla de la banda criminal en Mallorca, para quien el fiscal Julio Cano solicita una pena total de 11 años de cárcel y una multa de 500.000 euros, ha mantenido que con algunos de los acusados por esta causa mantenía una relación estrictamente laboral o de amistad. «De relación delictiva nada», ha añadido.

También ha dicho que antes de ser detenido en julio de 2018 en su domicilio de Palma era consumidor diario de cocaína y que esporádicamente tomaba anfetaminas y que, cuando los agentes de la Guardia Civil entraron y registraron su vivienda, encontraron sustancias que eran para consumo propio, así como 15.700 euros en metálico que le habían prestado sus hermanas para adquirir un bar en la ciudad.

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Ha afirmado que mantuvo reuniones en Andalucía para tratar temas sobre el sector inmobiliario pero que en ningún caso fue para hablar de tráfico de hachís, tal como plantea el Ministerio Fiscal en su escrito.

Sobre la empresa de venta de flores constituida por uno de los procesados, y a través de la cual supuestamente se transportaban sustancias ilícitas entre Sudamérica y España, el presunto cabecilla de la trama ha dicho que desconocía la actividad de la misma.

Otro de los acusados de vender estas drogas en Mallorca, defendido por el abogado Miguel Ángel Ordinas, ha relatado que no participó en la reunión en Madrid en la que sí estuvieron algunos de los procesados: «Cuando vi la movida que tenían liada entre ellos me salí y me fui a beber al bar».

Ha dicho que «nunca» ha vendido drogas y que las que encontraron los agentes en su domicilio eran para consumo propio.

El Ministerio Público solicitaba inicialmente 265 años y medio de cárcel para los 29 acusados de pertenecer a esta agrupación criminal dedicada al tráfico de drogas, si bien se prevé que esta condena se reduzca para 14 de los procesados, que este lunes reconocieron los hechos.