La exfiscal general del Estado, María José Segarra y el fiscal jefe Barceló estaban entre los propuestos. | Pere Bota

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De los 25 testigos que pedían el juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, el magistrado que les investiga sólo admite dos. Ni el fiscal jefe de Baleares, ni la antigua fiscal general del Estado, ni media docena de jueces y otros tantos fiscales de Palma tendrán que acudir al Tribunal Superior de Justicia para responder a preguntas sobre la supuesta conspiración que denuncian sufrir los investigados con el antiguo testigo protegido 29 a la cabeza.

El magistrado Carlos Gómez veta en una providencia la intención de Penalva y Subirán de relacionar a fiscales de Balears con Cursach y de plantear preguntas en torno a la intervención del fiscal Anticorrupción, Juan Carrau en la causa. Sobre todos estas peticiones la respuesta es la misma: «no ha lugar por no guardar relación con los hechos investigados en la presente causa».

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En su declaración como investigado, imputado por mentir de forma reiterada en la causa, el testigo 29 dijo ser víctima de un complot en el que vinculaba a jueces y fiscales con el empresario Bartolomé Cursach. Penalva y Subirán pidieron la declaración de una veintena de testigos para ahondar en esas tesis y desacreditar la tarea de los investigadores policiales. Gómez deniega estas peticiones. Los únicos testigos que admite son un funcionario del juzgado de Instrucción 12 que estuvo presente en una declaración de investigado y el de una abogada. Con su presencia pretenden negar que hubiera presiones o una manipulación del la grabación de ese acto judicial. Esta comparecencia queda fijada para mediados de este mes, cuando también comparecerá, entre otros, uno de los policías del Grupo de Blanqueo, el único que sigue una estrategia de defensa apartado de Penalva y Subirán.

Entre las comparecencias que pedían Penalva y Subirán estaba la de los jueces que intervinieron en los juicios por amenazas al testigo 29. También pretendían que declarara el juez instructor jubilado Miquel Florit, que fue quien inició la causa por revelación de secretos que desembocó en el descubrimiento del grupo de WhatsApp que apuntala los indicios de graves irregularidades en el ‘caso Cursach’.