En la imagen, Sbert, en una comparecencia judicial hace dos semanas. | Alejandro Sepúlveda

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«El señor Sbert es víctima de una suerte de enfermiza represalia, obsesiva sin duda por el derecho de haber presenciado un comportamiento bochornoso de una persona inestable». La defensa de Bartolomé Sbert, antiguo ‘número dos’ de Cursach, pide que se anule todo el macro juicio previsto contra ambos y otros 22 acusados y esgrime dos motivos: por un lado, una contaminación de base del procedimiento por filtraciones y los posibles delitos cometidos durante la instrucción y, por otro, la «obsesiva parcialidad» del exfiscal, Miguel Ángel Subirán, autor del escrito de calificación del ministerio público.

La defensa, ejercida por el abogado Antonio Martínez, recopila las numerosas denuncias que formuló durante la instrucción del comportamiento de Subirán. Entre otros motivos, señala que el propio fiscal compareció como supuesto perjudicado de la causa y reclamaba para sí mismo una indemnización en una de las piezas: «Posicionándose como víctima devenía inviable que acusara. El hecho lo contamina todo». El escrito considera «fraudulenta» la calificación firmada por Subirán y suma un episodio anterior: el entonces fiscal acudió a una fiesta de cumpleaños de Sbert en la que tuvo lugar lo que la defensa califica como episodio «muy vergonzoso». En él, Sbert «tuvo que llamar al orden y expulsar de su casa» al entonces fiscal «ante multitud de asistentes». La defensa aporta una imagen que atestigua ese encuentro y plantea varias posibles testificales.

El otro puntal con el que Martínez plantea anular toda la causa es la declaración del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el juicio del ‘caso Móviles’. En esa declaración advertía de que las continuas filtraciones de la causa comprometían el derecho a un juicio justo. La defensa considera que este derecho ha quedado aniquilado durante todo el procedimiento y que éste queda viciado desde su inicio. Además, Sbert niega cualquier intervención en los hechos que se juzgarán.

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La Fiscalía reclamaba condenas de ocho años de cárcel para Cursach y más elevadas para los policías locales y otros funcionarios como la exdirectora general de Turisme, Pilar Carbonell.