La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzga toda esta semana por delitos de tráfico de drogas a 17 personas vinculadas al 'clan de los Orta'.
La Fiscalía pide para ellos penas que suman 106 años y medio de prisión y multas por valor de 601.500 euros. Varios de los acusados tienen condenas anteriores por narcotráfico.
El fiscal describe en su escrito la supuesta estructura criminal y el reparto de funciones entre sus miembros, un grupo «perfectamente organizado y estructurado». La agrupación actuó, presuntamente, entre 2015 y 2016 en zonas de Manacor, Felanitx, Porto Colom, Porto Cristo, Sant Llorenç y Son Carrió.
Presuntamente, la banda se dedicaba al tráfico de droga en Mallorca, principalmente cocaína, MDMA, ketamina, cannabis y hachís. Posteriormente la droga se distribuía generalmente a traficantes a menor escala.
La droga se obtenía de cultivos propios o se introducía desde Barcelona. La Fiscalía sitúa a R.O.G. al frente de la organización, que incluía a su núcleo familiar y otras personas relacionadas con él, entre ellos, un supuesto lugarteniente en Cataluña que les abastecía.
El fiscal también señala que otros miembros de la banda se encargaban de cobrar a los narcotraficantes que realizaban el 'menudeo' y que para ello utilizaban una pistola, que se desconoce si era real o simulada.
La acusación detalla que el grupo disponía de medidas de seguridad para evitar la vigilancia policial. Por ejemplo, la droga se transportaba en 'coches lanzadera', de manera que uno de los miembros del grupo precedía con otro vehículo al coche en el que se ocultaba la sustancia para avisar por teléfono si encontraba presencia policial o cualquier otro inconveniente.
Otra medida de seguridad era el cambio constante entre numerosos terminales telefónicos o el uso de locutorios para realizar llamadas. En sus comunicaciones, según la Fiscalía, utilizaban un lenguaje codificado para no mencionar expresamente el negocio de la droga por si eran escuchados.
Por otro lado, la Fiscalía imputa a uno de los acusados un delito de receptación por la compraventa de varios objetos robados en distintas localidades de Mallorca.
El fiscal también pide sustituir la pena de cárcel de uno de ellos, marroquí en situación irregular en España, por la expulsión del territorio nacional por diez años.
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