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Un juzgado ha dictado una orden de alejamiento de las oficinas del DNI de Palma para los dos funcionarios de los cuerpos generales de la Administración del Estado detenidos este miércoles por malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Así lo ha comunicado el delegado del Gobierno en funciones, Ramón Morey, para quien la situación «desgraciada» que representa la detención de dos funcionarios por un fraude cometido en el ejercicio de sus funciones tiene también la faceta positiva de poner en evidencia que «los controles funcionan».

«Hace tiempo que se venía investigando esta situación», ha explicado Morey, que ha detallado que los dos detenidos, presuntamente, cobraban tasas por trámites gratuitos del DNI falseando los procesos administrativos «y se llevaban dinero de manera absolutamente irregular».

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Los controles internos detectaron el posible fraude hace unos meses y se inició una investigación que culminó el miércoles con la detención y puesta a disposición judicial de los dos funcionarios.

«Hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, que es averiguar esta situación anómala, ponerla a disposición de la justicia y ahora toca que tome las decisiones que correspondan. La primera que ha tomado es una orden de alejamiento respecto a las oficinas del DNI», ha incidido el delegado en funciones.

Según informó la Jefatura Superior de Policía de Baleares, fueron agentes de la Sección Operativa de Seguridad Documental de la División de Documentación de Madrid desplazados a Palma lo que practicaron las detenciones.

Ramón Morey ha hablado a los periodistas sobre este caso tras brindar con representantes de los medios de comunicación en un acto institucional con motivo de las navidades en el que ha confiado en superar el periodo de interinidad de la Delegación con la pronta formación de un nuevo Gobierno central.