La magistrada Carmen Abrines. | M. À. Cañellas

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El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán se oponen a que el Tribunal Superior de Justicia asuma la causa por las supuestas irregularidades en la instrucción del ‘caso Cursach’. En el escrito que han remitido a la magistrada que investiga el caso, Carmen Abrines niegan haber cometido ningún delito e insisten en que toda esa investigación es un complot contra ellos para «acabar» con sus instrucciones.

Aunque el escrito de su abogado dice que «lo primordial es que no haya atisbo de duda de que su actuación ha sido correcta», 20 de las 22 páginas del documento se centran en plantear posibles nulidades en la causa, sobre todo en torno a los WhatsApp descubiertos en el móvil de uno de los policías del Grupo de Blanqueo y que constituyen la prueba más grave de delitos como coacciones a testigos o detenciones ilegales.

En primer lugar consideran que el hallazgo de los mensajes es nulo y que, por lo tanto, no pueden ser analizados. Además, a diferencia de lo que hicieron los agentes de Blanqueo en sus declaraciones, dejan caer que esos mensajes han podido ser «alterados, manipulado o borrados para sostener tesis falsarias». En paralelo consideran que se ha roto la cadena de custodia de esos mensajes, lo que sería otro motivo de nulidad.

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Anticorrupción

También consideran ilegal que la causa la haya asumido la Fiscalía Anticorrupción y que fuera abierta por el juez Miquel Florit como una pieza separada de la macro instrucción, en la que hay más de 22 de estas, muchas de ellas abiertas por Penalva para investigar presiones a testigos. Por otra parte, uno de los policías de Blanqueo ha pedido que testifique una funcionaria de Instrucción 12 para acreditar que estos agentes sabían que se les investigaba por revelación de secretos desde el inicio de las pesquisas. Los agentes que están imputados también se oponen a que el caso pase al TSJB.

Esta semana concluye el plazo de diez días que fijó la magistrada instructora para que acusaciones y defensas se pronuncien sobre si se debe enviar el caso al TSJB ante la presencia de dos aforados: Penalva y Subirán. La Fiscalía Anticorrupción ya se había pronunciado hace meses a favor de este escenario.

El anterior juez que tenía esta causa, Miquel Florit, intentó el envío al TSJB en dos ocasiones: la primera después de que aparecieran los WhatsApp y la segunda, meses después. En ambos casos se rechazó por fallos en cómo se había tramitado esta petición. La nueva magistrada optó por tomar declaración a los investigados que no están aforados antes de abrir el nuevo plazo.