El testigo 29 en una intervención en Televisión Española. | Redacción Sucesos

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La juez que ha asumido el ‘caso WhatsApp’ rechaza la petición del fiscal Miguel Ángel Subirán y el juez Manuel Penalva para que se iniciaran actuaciones disciplinarias y penales contra los inspectores de la Policía Nacional y los fiscales Anticorrupción que actúan en la causa por una supuesta revelación de la identidad del testigo protegido 29 del ‘caso Cursach’. El auto de la magistrada Carmen Abrines se basa en el informe de la Fiscalía Anticorrupción que constataba que fueron los propios Penalva y Subirán quienes en varios momentos de la instrucción revelaron datos personales del testigo.

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El escrito pone de manifiesto que incluso en la petición de los antiguos instructor y fiscal del ‘caso Cursach’ en el que piden que se actúe porque el nombre del testigo 29 consta en un atestado policial, ellos mismos incluyen ese dato y relacionan, «sin necesidad», el número de teléfono del testigo. Además del número de ocasiones en los que aparecen datos personales de este antiguo camarero de Tito’s en la pieza principal y en otras derivadas, el auto señala: «Tampoco podemos olvidar la propia conducta desplegada por el referido testigo, con una sobreexposición mediática que resulta incompatible con las prevenciones que establece la ley». Así, concluye que «el supuesto de hecho no justifica la solicitud formulada por la pretendida divulgación de los datos de identidad del testigo».

El auto también da traslado a la Fiscalía y a Penalva y Subirán para que, en un plazo de diez días, se pronuncien sobre la petición de que se tomen medidas disciplinarias contra el abogado que les representa, Javier Carlos Barinaga. El abogado de Bartolomé Sbert pidió a la juez que actuara por las manifestaciones contra jueces y fiscales que contienen varios escritos.