Las dos instituciones elevarán un informe a la Dirección General de la Guardia Civil que es el organismo competente para conceder y revocar licencias de armas.
Penalva y Subirán accedieron a un permiso de tipo B hace algo más de tres años. Es el que permite portar revólveres y pistolas por motivos de seguridad. En ese momento alegaron amenazas en el marco del ‘caso Cursach’. Esa licencia ya provocó roces de ambos con la entonces delegada del Gobierno, Teresa Palmer.
Hace tres meses expiró esa licencia y los dos, que se encuentran de baja laboral, presentaron el informe de un médico de cabecera para acreditar su idoneidad para mantener las armas. En base al criterio médico les fue concedida la renovación. Sin embargo, los informes sobre el incidente han llevado al inicio de esa revisión, que puede ser llevada a cabo de oficio por la administración que concedió el permiso.
La asociación JAVA, que representa a policías locales de Palma, ha solicitado la revocación de la licencia a la Delegación.
La Policía Nacional ya solicitó en los informes derivados de la investigación a Penalva y Subirán por las supuestas irregularidades en la instrucción del ‘caso Cursach’ la retirada del arma. Esa medida, en el ámbito judicial, sólo puede ser tomada por el TSJB si aprecia indicios de delitos y asume la competencia al estar ambos aforados. La otra vía es la administrativa.
