Uno de los acusados, este jueves, en el juicio que tuvo lugar en Palma. | Guillermo Esteban

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El pasado 27 de julio, un juez de Palma ordenó expulsar de la Isla a dos mallorquines por numerosos hurtos en la playa de Magaluf. Los sospechosos no se marcharon y fueron detenidos por quebrantamiento de medida cautelar el 12 de agosto en Sineu. Los acusados fueron juzgados este jueves, pero solo compareció uno. El juicio se celebró en ausencia del otro porque la condena a la que se enfrentan es inferior a dos años de cárcel. La Fiscalía solicita una multa de 5.400 euros para cada uno.

El joven, que solo respondió a las preguntas de su abogado, relató que el mismo día que salió de los calabozos de Vía Alemania acudió a una agencia de viajes de Inca para comprar un billete a Ibiza. Según su versión, le pidieron 600 euros. El lunes regresó al establecimiento y le ofrecieron un pasaje por 380. El procesado aseguró ante la jueza que no tenía dinero. «No contaba con gente que pudiera ayudarme a salir de Mallorca en ese momento», afirmó en el turno de la última palabra.

Un guardia civil que iba de paisano sorprendió a los dos acusados durante la celebración del Much, en Sineu, manifestó que los conocía porque son «delincuentes habituales de Inca». El agente los vio de fiesta sobre las 22.00 horas y avisó a una patrulla. «Sabíamos que tenían la obligación de salir de la Isla», aseguró.

Los guardias civiles hicieron un seguimiento a los jóvenes desde la Plaça des Fossar hasta que llegaron a una zona donde había menos gente y procedieron a su detención. «Se vieron sorprendidos por unos 10 o 20 guardias civiles. Son conocidos por delitos de hurtos y robos», añadió el agente que declaró como testigo. Otro guardia comentó que sabían que los dos sospechosos «tenían una prohibición de residir en Mallorca desde el 27 de julio».

La fiscal, en su informe, explicó los jóvenes no estaban en un ambiente festivo y que no tenían intención alguna de abandonar la Isla. La representante del ministerio público mantuvo la petición de que le impongan una multa de 5.400 euros por un delito de quebrantamiento de medida cautelar. El abogado defensor, Miguel Ángel Ordinas, pidió la absolución de su cliente ya que «hizo todo lo posible por marcharse de Mallorca».