Foto cedida por XINGU 230, de un grupo de periodistas que aguarda a las afueras de la cárcel en la ciudad amazónica de Altamira en el estado de Pará. Al menos 52 presos murieron este lunes durante un enfrentamiento entre facciones rivales en un presidio del estado amazónico de Pará, en el norte de Brasil. | XINGU 230

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Al menos 52 presos murieron este lunes después de un nuevo y sangriento enfrentamiento entre dos facciones criminales rivales en una remota cárcel del interior del estado amazónico de Pará, situado en el norte de Brasil.

Después de más de cinco horas de motín, las autoridades confirmaron que al menos 52 reclusos del Centro de Recuperación Regional de Altamira, en el sudeste del estado, han fallecido.

De ellos, 16 fueron decapitados y los otros 36 asfixiados a raíz del humo que se propagó por el complejo carcelario después de que los atacantes se encerraran en un salón e incendiaran el local.

Se trata de la segunda mayor masacre ocurrida en presidios brasileños en lo que va de 2019.

El mayo pasado, una cadena de enfrentamientos en cuatro cárceles del estado de Amazonas acabó con 55 muertos en menos de 48 horas en la capital de Manaos, también en el norte de Brasil.

El trágico motín de este lunes ha reabierto el intenso debate sobre las precarias condiciones de las penitenciarias de Brasil, el tercer país con más reclusos en el mundo por detrás de Estados Unidos y China.

El enfrentamiento dentro de la prisión de Altamira ha sorprendido a la opinión pública debido a su ferocidad.

«Fue un ataque localizado y orientado a exterminar integrantes de una facción rival. Ellos (los atacantes) entraron, mataron y prendieron fuego», afirmó el secretario y dirigente de la Superintendencia del Sistema Penitenciario del Pará (Susipe), Jarbas Vasconcelos, en declaraciones a la prensa.

El Susipe detalló que la pugna entre bandas comenzó sobre las 7.00 hora local (10.00 GMT), cuando los agentes carcelarios servían el desayuno a los reclusos.

Minutos después, presidiarios de un segundo pabellón que pertenecen a una facción criminal con ramificaciones en todo el territorio brasileño habrían irrumpido en el local e iniciado un ataque con «armas artesanales», en su mayoría cuchillos, contra los integrantes de la organización rival, más implantada localmente.

Durante la acción, dos agentes carcelarios fueron capturados como rehenes, pero fueron liberados horas después sin heridas de gravedad.

Al menos otras dos personas resultaron heridas y fueron ingresadas en un hospital de las cercanías del centro de reclusión de Altamira, situado a unos 850 kilómetros de la capital de Pará, Belém.

Asimismo, equipos de socorro, de la Policía Militarizada, Civil y del Juzgado del estado se dirigieron al lugar de los hechos y finalmente lograron poner fin al enfrentamiento.
Familiares de algunos de los reclusos habían realizado a finales del pasado mayo protestas y pedido que las autoridades transfiriesen integrantes de una de las facciones a otras unidades de detención.

Pero, según Vasconcelos, no había ningún indicio de los servicios de Inteligencia sobre una posible pugna entre las dos bandas y, por eso, no estaba prevista la transferencia de presos a otros complejos carcelarios.

Por su parte, la Alcaldía de la ciudad informó en un comunicado de que «sigue acompañando la situación en el presidio» y está en contacto con el gobernador regional de Pará, Helder Barbalho, para tomar las medidas necesarias.

En contraste con las cifras divulgadas anteriormente por el Gobierno del estado de que el complejo tendría capacidad para 200 presos aunque alberga 311, el Consejo Nacional de Justicia detalló en un informe que el presidio mantiene a 343 reclusos, más del doble de su aforo, que es de 163 plazas.

Según el documento, el Centro de Recuperación Regional de Altamira cuenta con condiciones que fueron clasificadas como «pésimas» debido a la superpoblación y escasez de agentes carcelarios.

Desde 2017, Brasil se ve sacudido por una crisis en su sistema penitenciario por tener una superpoblación de 730.000 reclusos y precarias condiciones estructurales y laborales.
Ese año, varios enfrentamientos en penitenciarías se extendieron por diversos estados del norte y nordeste de Brasil que acabó con 126 muertos.