La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este viernes a una mujer de 45 años acusada de estafar más de 100.000 euros a otra a la que había convencido para invertir al 50 por ciento en la apertura de un restaurante en Palma.
La Fiscalía solicita una condena de cuatro años de cárcel y una multa de 3.650 euros. También reclama que indemnice a la perjudicada con 104.000 euros.
La acusación pública solicita apreciar la agravante de reincidencia, puesto que la mujer fue condenada a un año y medio de cárcel en 2013 por un delito de estafa. La condena se suspendió por tres años.
Negocio clausurado
Los hechos se remontan a mediados de 2015. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la acusada propuso a la víctima, que residía en Alemania, abrir un restaurante con una inversión del 50 por ciento cada una.
La acusada había ejercido anteriormente en el campo de la restauración, si bien recientemente su negocio había sido clausurado por deficiencias administrativas. Ocultó esta información a su socia. En lugar de ello, le aseguró que había recibido 80.000 euros de su anterior negocio y que estaba dispuesta a invertirlos en el nuevo.
La acusada había encontrado un restaurante en condiciones de ser traspasado en Palma. Presuntamente, le dijo a su socia que el precio era de 150.000 euros y que ella ponía 80.000 euros, por lo que le exigió su parte. La mujer entregó 83.000 euros en varias transferencias desde su cuenta corriente en Alemania. Este dinero fue transferido a una cuenta de la que solamente era titular la investigada.
Según el relato del fiscal, habiendo recibido estas cantidades, la acusada solicitó más dinero de su víctima para igualar la aportación «absolutamente inexistente» que ella decía haber realizado. De este modo, obtuvo otros 51.000 euros.
Contrato falso
La Fiscalía sostiene que la acusada no destinó el dinero a la apertura del restaurante, sino que suscribió un contrato de traspaso del local por 30.000 euros. Después, para impedir que su socia conociera el precio real del traspaso, presuntamente elaboró un contrato falso en el que hacía constar un coste de 150.000 euros e imitaba la firma de la anterior propietaria, y presentó este contrato a su socia.
Así, según la acusación pública, la mujer se quedó con la diferencia y gestionó el restaurante hasta noviembre de 2016 sin haber realizado ninguna inversión propia.
Además, el Ministerio Fiscal señala que, cuando la mujer fue llamada a declarar, aportó un documento manuscrito «íntegramente apócrifo», que habría compuesto aprovechando la fecha y firma originales de su socia, rescatadas de otro documento anterior. En este documento manifestaba que había sido autorizada por la víctima para adquirir un local y pretendía justificar las transferencias.
Por estos hechos, la Fiscalía acusa a la mujer de un delito de estafa en concurso con otro de falsedad en documento privado continuado.
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