Los damnificados de Cursach han protestado este miércoles frente a Hacienda en Palma. | Alejandro Sepúlveda

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Trece personas se han concentrado este miércoles ante la Agencia Tributaria para exigir que se investigue por delito fiscal al empresario Bartolomé Cursach. El grupo, formado por tres empresarios que son acusaciones particulares contra el magnate en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción 12, asegura que existe un trato desigual.

Su portavoz, Bruno da Silva, protesta por el archivo de la causa abierta tras un informe del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. Ese informe fue desestimado después de que inspectores de la Agencia Tributaria detectaran serias lagunas en el mismo y señalaran que no había indicios de delito fiscal.

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«Estamos hartos. No me creo que los policías que hicieron el informe sean cuatro descerebrados», afirmó da Silva. El portavoz y otros empresarios se han constituido en una asociación de víctimas de Cursach y anuncian que se personarán como acusación particular. Señaló que muchas personas no acudieron a la manifestación por miedo a represalias. «Si somos dos, vendremos dos, pero el miedo a mí no me va a parar», añadió el portavoz.

Por otra parte, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Felisa Vidal, ha dictado este miércoles una providencia en la que encarga a la Policía Nacional, elaborar una prueba pericial para aclarar si hubo algún tipo de acceso en los móviles de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre. La decisión se toma en la causa iniciada tras una querella de Diario de Mallorca y Europa Press contra el juez instructor Miquel Florit por la incautación de ambos terminales en la pieza por revelación de secretos.