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El informe de la Policía Nacional que el juez Florit remitirá al Tribunal Superior apunta en la dirección que Ultima Hora viene denunciando desde hace tres años en relación a los investigadores del ‘caso Cursach’. La suya ha sido una instrucción plagada de errores, sostenida por acusaciones peregrinas, sin pruebas y con notables dosis de fantasía. El procedimiento que inició con solidez la magistrada Carmen González fue desfigurado por su sucesor, Manuel Penalva, hasta extremos grotescos y ahora vemos que presuntamente criminales. Nos encontramos ante una ristra de delitos de extrema gravedad atribuidos, de momento, a un juez, un fiscal y cuatro agentes de la Policía Nacional, convertidos en una «organización criminal», según el informe. Todos estos funcionarios no sólo propiciaron la destrucción de un centenar largo de reputaciones y se regodearon ante el dolor injusto que infligían a los investigados y a sus familias, sino que incluso humillaron y enviaron a la cárcel sin fundamento a decenas de personas a la espera de conseguir confesiones imposibles. Los wasaps que se han conocido hasta ahora entre el juez Penalva, el fiscal Subirán y los agentes son una vergüenza para la Administración de Justicia. Muestran tanto desprecio hacia la verdad y los derechos de las personas que cualquier medida preventiva que se les imponga estará plenamente justificada.

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Conducta ruin
Pero el informe de la Policía Nacional apunta también a lo más ruin de su conducta. Los instructores del ‘caso Cursach’ filtraron noticias de manera interesada a ciertos medios de comunicación para instaurar el «terror» entre los investigados. Sarcásticamente, Penalva y Subirán, jefes de esta presunta banda criminal, decían que las víctimas de las amenazas eran ellos mismos, y que temían por su integridad física. Nunca llegaron a demostrar nada. Aun así, dispusieron de escoltas y de permiso de armas de fuego para protección personal, que por cierto no les ha sido retirado.

Una farsa
Resulta extraordinario que esta actuación del juez y del resto de instructores pasara desapercibida para sus superiores. La Audiencia Provincial se desentendió de los constantes recursos que presentaban las defensas sobre las extrañas decisiones de Penalva. También la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional dejaron hacer, durante años, a Subirán y a los agentes de Blanqueo, pese a tener conocimiento de que la instrucción del caso no avanzaba en ninguna dirección. Cuesta decirlo, pero el informe de la Policía Nacional revela que estos presuntos delincuentes tenían razón cuando se autoproclamaban «los Intocables». Así fue, hasta que la ‘madame’ se derrumbó con sus mentiras, Ultima Hora publicó las conversaciones que mantenía con el juez, y toda esta farsa judicial empezó a venirse abajo.