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El perjuicio por la estafa de emisión de partidos de fútbol sin licencia en un centenar de bares de Mallorca asciende a 103.258 euros, según datos facilitados por el Cuerpo Nacional de Policía.

En el marco de la ‘operación Themis’, los investigadores han podido corroborar que al menos un 75 por ciento de los establecimientos inspeccionados se encontraban realizando esta actividad ilícita a través de diversas modalidades. La más común es la utilización de un decodificador vitaminado, al que ilegalmente se le había alterado el firmware para poder decodificar la señal privada y acceder a su visionado, en otros a través de IPTV en el propio televisor.

En el transcurso de la operación, coincidiendo este martes con la jornada de vuelta de los octavos de final de la Champions League, se registraron registros en los locales supuestamente infractores con el propósito de acreditar la emisión del contenido protegido. En el marco de esta operación se llevaron a cabo inspecciones en establecimientos públicos de los siguientes municipios: Palma, Calvià, Consell, Inca, Alcúdia, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Villafranca, Manacor y Felanitx. Los agentes intervinieron decodificadores o elementos técnicos similares que permiten la comisión de los delitos investigados.

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El Cuerpo Nacional de Policía recuerda que las emisiones legales de los partidos de fútbol, para los establecimientos públicos, se propician por medio del acceso condicional a través de un concreto y específico canal de televisión. Cualquier establecimiento público que emita partidos de fútbol de Primera o Segunda División, de la Copa de S.M. el Rey o de la Champions League, debería hacerlo a través del canal legalmente establecido.

En cada uno de esos establecimientos públicos que difunden la señal televisiva sin autorización, se ha realizado una comprobación por parte de un inspector de la empresa denunciante.

A partir de ahora, los responsables del caso tomarán declaración a los propietarios de los establecimientos y se procederá a su detención por un presunto delito de defraudación y otro contra la propiedad intelectual. Con casi total seguridad, los mismos serán arrestados y en el mismo acto puestos en libertad con cargos a la espera de juicio.