La sección segunda ha señalado hoy el 25 de abril como nueva fecha para este juicio, que no se ha celebrado por falta de comparecencia de un testigo.
En su escrito de acusación, el fiscal relata que la acusada, nigeriana que reside legalmente en España, contactó a través de familiares con su víctima y, aprovechando su situación de precariedad económica, le ofreció venir a Mallorca para trabajar de camarera.
Una vez aceptó, le organizó el viaje desde Nigeria hasta Libia, donde se embarcó en una patera que la llevó hasta Italia, país en que quedó acogida en un campo de refugiados en el valle del Po.
En octubre de 2017, la presunta proxeneta viajó hasta Italia y entregó documentación falsificada a su víctima, con la que voló hasta Palma y la alojó en su casa, donde le quitó el pasaporte y le comunicó que había contraído con ella una deuda de 25.000 euros que le tenía que pagar prostituyéndose, según la Fiscalía.
La inmigrante, que no conocía más que a su compatriota, ni sabía castellano o catalán y carecía de documentación en regla, se vio obligada a tener sexo con hombres en dos clubes de Inca a cambio de 35 euros por contacto que tenía que entregar a la presunta explotadora, que la acompañaba en todos sus desplazamientos, hacía de intermediaria ante los clientes y en al menos tres ocasiones la agredió para imponer su voluntad.
El caso se destapó, sostiene el fiscal, cuando un cliente de uno de los prostíbulos que conoció la situación de la joven lo denunció a la Policía Nacional.
A la acusada se le atribuyen los delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por los que se enfrenta a una pena de 8 años de prisión, alejamiento de la víctima por 15 años e indemnizaciones que suman 16.800 euros.
2 comentarios
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Y encima sin saber Catalán!!!!!!!!!!!!!!
Para que luego digan de los hombres