Registros del caso Cursach

Agentes del Grupo de Blanqueo, en una de las intervenciones llevadas a cabo durante la ‘operación Sancus’. | Michel's

Víctor MalagónPalma20/12/18 4:01
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La policía registró la vivienda del inspector del Grupo de Blanqueo de Capitales investigado por revelación de secretos en torno al ‘caso Cursach’. Se incautaron de ordenadores, de teléfonos móviles y de tres armas. El cerco en torno a dos de los más cercanos colaboradores durante la instrucción del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán se cerró en las últimas semanas. Tanto el mando como otro agente fueron arrestados el martes y quedaron en libertad tras negarse a declarar. Ambos habían sido relevados en los últimos meses y apartados del Grupo de Blanqueo tras episodios como la falsa denuncia de la Madame a mandos policiales o el informe sobre las cuentas del Grupo Cursach que fue muy criticado por Hacienda.

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Tanto el inspector como el agente fueron informados de que se les investiga por un delito de revelación de secretos. La Fiscalía Anticorrupción emitió ayer un comunicado, en el que confirmó la imputación de un delito continuado que no se limita a un único documento relacionado con la macro causa.

El ministerio público quiso aclarar en esa nota que las detenciones se llevaron a cabo antes de que se abrieran los teléfonos móviles y ordenadores intervenidos a periodistas en estas actuaciones. De hecho, señala que aún no se ha llevado a cabo esa medida y que: «En un momento posterior y caso de ser necesario, se acordaría respecto al acceso al contenido de los teléfonos intervenidos, diligencia que se practicaría poniéndolo previamente en conocimiento de las personas afectadas». Anticorrupción esgrime que los sospechosos ya estaban localizados antes de la intervención de los móviles y que ésta «no tuvo por objeto localizar o descubrir las fuentes de información supuestamente en poder de los periodistas, que ya eran conocidas por otras vías de investigación, como demuestran las detenciones practicadas». Según el comunicado, la finalidad de las intervenciones fue «el aseguramiento de los efectos materiales procedentes del delito». Es decir, los móviles permanecerán guardados y sin tocarse salvo que haya una necesidad posterior dentro de las pesquisas, que continúan declaradas secretas.