El escrito de acusación que firman los fiscales Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau plantea que de manera «permanente», entre los años 2000 y 2016, Cursach y sus subordinados sobornaron de forma sistemática a funcionarios y policías. «La entrega de obsequios llevaba implícita la contraprestación de que debían favorecer la actividad de los negocios del Grupo Cursach», señalan. Esos regalos iban desde cestas de navidad, cajas de champagne o pases para el gimnasio a dinero en efectivo, servicios sexuales y drogas en algunos establecimientos. La calificación incorpora las fiestas en Tito’s con supuestos servicios de prostitutas a los que se invitaba a agentes de la Policía Local y mantiene un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Sin embargo, de éste no acusa en persona a Cursach sino al director de la discoteca, Jaime Lladó y a otro empleado, Arturo Segade.
Para la ex directora general de Turisme, Pilar Carbonell, se solicita una pena de inhabilitación. El ministerio público sostiene que actuó al servicio del grupo empresarial desde principios de siglo cuando trabajaba en el Ajuntament de Calvià. Con todo, el núcleo de la acusación se centra en los agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local y agentes de la unidad nocturna. Según la Fiscalía, a cambio de dinero y otras prebendas evitaban cualquier tipo de inspección y de multa a los negocios del empresario al tiempo que acribillaban a la competencia. Las acusaciones más elevadas, que superan los diez años de prisión, vienen para dos de estos agentes, que fueron de los detenidos en las primeras fases de la operación en el año 2015. De hecho, aquí están acusados los policías que más tiempo pasaron en prisión preventiva.
La Fiscalía plantea que en el juicio declaren 142 testigos. La gran mayoría son empresarios que mantenían negocios de hostelería en Palma y Calvià. También están llamado a declarar la madame, ‘El Ico’ y el testigo protegido 29, los tres más polémicos del caso. La calificación describe el uso de amenazas y denuncias contra los funcionarios y policías locales que no se plegaban a recibir regalos del grupo y que intentaban denunciar la situación.
Por esas supuestas obstrucciones está acusado en el procedimiento el antiguo jefe de la Policía Local de Palma, Joan Mut, para quien se reclama una condena de seis años y medio de cárcel. También se incluye cómo un grupo de agentes organizaron un servicio de vigilancia privado para los establecimientos del grupo por el que cobraban un sobresueldo y que implicaba avisar de cualquier posible inspección.
3 comentarios
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8 años es una vergüenza. A un gran empresario que usaba a la policía para liquidar a pequeños negocios que le hacían competencia, le tocan al menos 80 años.
A quienes deberían penar con condenas mas duras son a todos los que se han dejado sobornar.-
Contraataque del señor fiscal y compañía!!!!Algo así se esperaba,ah y otra vez los investigados lo supieran antes por la prensa que por sus propios abogados.....