Bartolomé Cursach, junto a su abogado en Vía Alemania. | A. Sepúlveda

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La inspección a la que la Agencia Tributaria sometió al Grupo Cursach emitió un informe en el que asumía que seis de las ocho sociedades investigadas tenían una base imponible negativa y que, por tanto, le salía ‘a devolver’.

El informe del Grupo de Blanqueo de la Policía sostiene que las maniobras con la caja B millonaria han permitido al grupo burlar a la hacienda pública hasta el punto de que en siguientes ejercicios les tendrían que compensar esas pérdidas.

«La realidad financiera de estas sociedades dista mucho de ser conocida y declarada por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social», concluyen los agentes que denuncian en su escrito que se han escondido a las autoridades más de 65 millones de euros. Los agentes solicitan que se envíe la documentación que se descubrió en los registros a la Agencia Tributaria para que puedan tener datos más exactos.

En el mismo informe también se ponen de manifiesto las sospechas de que el Grupo Cursach tenía un topo’ en la Agencia Tributaria.

‘Pinchazos’

A partir de varias conversaciones pinchadas señalan que el director financiero del grupo «tenía contacto directo con un hombre llamado Ignacio, el cual compartía con él información concreta referente a la Agencia Tributaria». En esas conversaciones, responsables del grupo, comentan la operación que se puso en marcha en discotecas de Eivissa por un posible fraude fiscal.

El informe lleva una semana en la mesa del juez instructor, Miquel Florit, a la espera de que este decida qué hace con la información, si da traslado a la Agencia Tributaria o si ordena las detenciones solicitadas.