Según la querella, los policías de Blanqueo ayudaron al testigo protegido número 26 durante su declaración. | Redacción Sucesos

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Una decena de policías locales de Palma imputados en el caso Cursach’ han presentado una querella criminal conjunta contra el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, que los investiga. Según los querellantes, los funcionarios «chivaron» a un testigo protegido a quién debía identificar.

Los agentes municipales sostienen que el comportamiento de los investigadores constituye un delito de falso testimonio y otro de falsedad en documento público. Los hechos se remontan al 16 de agosto del año pasado, cuando se llevó a cabo una declaración judicial del testigo protegido número 26 (que fue trilero y también trabajó para Cursach).

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Según consta en el escrito de la querella, al que ha tenido acceso este diario, en esa declaración «se aprecia, sin ningún género de dudas, cómo, en al menos tres ocasiones, los policías nacionales adscritos al Grupo de Blanqueo de Capitales que estaban en la sala de vídeo conferencia con el testigo le indicaban, o más bien le ‘chivaban’, a qué investigados tenía que identificar como presuntos responsables de diferentes hechos delictivos».

En la querella, se añade que «como consecuencia de la conducta descrita por los funcionarios públicos, se consiguió que el testigo faltara a la verdad en la narración de los hechos en una declaración judicial y que se le atribuyeran manifestaciones que él no había hecho, debido a que en al menos esas tres ocasiones no manifestó lo que sabía y conocía por sí mismo o por terceras personas, sino que se limitó a reproducir cuanto le decían los agentes que se encontraban con él». Estas supuestas filtraciones, recoge el escrito, provocaron «un perjuicio a los querellantes en su condición de investigados en el seno de la investigación que se dirige contra ellos».

Por este mismo episodio ya se interpuso una querella criminal contra el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Por ese motivo, los agentes de la Policía Nacional emitieron un informe oficial en el que se exoneraban de cualquier responsabilidad. La querella se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo por la denegación del Tribunal Superior de Justicia de admitir el recurso de apelación ante el citado tribunal.