Imagen de los registros llevados a cabo el año pasado en la ‘operación Sancus’.

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El juez delcaso Cursach’, Miquel Florit, ha abierto una nueva pieza separada en la causa para investigar al grupo empresarial por un posible delito contra los derechos de los trabajadores. Aunque formaba parte de las acusaciones iniciales que se imputaban al empresario, este posible ilícito ha tenido un empujón tras la reciente declaración de un testigo, exempleado del grupo que aseguró que hacía funciones de subdirector en el complejo Megapark.

Este testigo acudió a la policía hace unas semanas y habló de irregularidades laborales como pagos en negro a los empleados, trabajadores sin contrato. Está todavía pendiente de ser citado para ratificar o no esta versión en el juzgado de instrucción. En paralelo a esta declaración, un informe de la Policía Nacional sobre la documentación intervenida en el registro de Tito’s avalaría esta tesis. Los agentes constatan que, en algunas fechas concretas, trabajan una serie de personas que están dados de alta en otras mercantiles del grupo. Concluyen que estos documentos confirman la versión de otro extrabajador de la empresa, testigo protegido, que aludía a que, los responsables de los negocios hacían a empleados cambiar de establecimientos sin modificar su situación.

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También aportan una serie de documento que acreditarían que la mayoría de los que trabajaban como ‘relaciones públicas’ o en tareas de publicidad para la discoteca no estaban dados de alta en la Seguridad Social. De acuerdo con este informe policial, de un listado de 37 personas sólo cinco estaban correctamente inscritos. Además, en los documentos constan anotaciones como «necesita mejorar su imagen» que acreditan, según los agentes que existía un férreo control a estos empleados.

En el auto en el que se fijaba la fianza de un millón de euros a Cursach, la Audiencia hacía referencia a esta nueva línea de investigación.