Bartolomé Cursach, el pasado mes de noviembre, a su entrada en el juzgado. | Efe

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Revolcón de la Audiencia a la instrucción del ‘caso Cursach’. La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha aceptado un recurso de la defensa del ‘número dos’ del caso, Bartolomé Sbert y anula la creación de una pieza separada con la que se pretendían juzgar los presuntos delitos más graves en torno al empresario del ocio nocturno.

El nuevo juez instructor, Miquel Florit, había dictado la semana pasada un auto en el que cerraba la instrucción de esta pieza e iniciaba los trámites para juzgar a Cursach y a otras 23 personas por delitos de organización criminal, cohecho, contra la salud pública, coacciones y tráfico de influencias, entre otros. En esta pieza también se pretendía juzgar a la exdirectora general de Turisme del Govern, Pilar Carbonell.

La Audiencia señala en el auto que falta motivación que justifique dividir el caso. Reprocha al autor del auto, el magistrado Manuel Penalva –apartado por pérdida de imparcialidad objetiva– que no concretara de forma suficiente su decisión y, por tanto, la deja sin efecto. En concreto señala que aquí se han apartado delitos que constan en la pieza principal, como la organización criminal y el cohecho, por lo que sostiene que se «hace necesaria la investigación y enjuiciamiento conjunto, valorando los actos ejecutados por cada uno de los investigados y la calificación jurídica que aquellos puedan merecer».

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El auto añade que acelerar con esta pieza la tramitación de la macrocausa, «único sustento de la resolución», supone un criterio insuficiente para asumir esta división del ‘caso Cursach’. Así, al nuevo instructor, Miquel Florit, se le abre ahora el escenario de rehacer el auto o bien de acumular todos los hechos en un único sumario.

Indicios principales

En esta causa, el anterior instructor había reunido los principales indicios contra Cursach. La pieza pivotaba en torno a las declaraciones de una funcionara de Cort que había reconocido haber cobrado sobornos por parte del grupo.

A esta parte se habían sumado otros hechos como las supuestas fiestas con drogas y sexo gratis de las que disfrutaban agentes de la Policía Local de Palma en la discoteca Tito’s. También se habían unido las irregularidades burocráticas que han llevado a los ayuntamientos de Calvià y Palma a cerrar locales como BCM o Megapark.