La víctima, Gyulshen Mehmed, de 33 años. | M. À. Cañellas

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A las cuatro y media del jueves, Gyulshen Mehmed llegó a su apartamento en Cala Major después de trabajar. Comió y decidió hacer la siesta hasta que regresara su marido, León Bogdan. Pero la luz se fue. Alguien la había cortado. Otra vez. La mujer informó por teléfono de lo sucedido a su pareja, que avisó a la policía. Gyulshen abrió la puerta y, cuando iba a cerrar, su casera, Inna Slavova, búlgara de 57 años, se abalanzó contra ella. La empujó hasta su habitación acompañada por su hermana. La derribaron sobre la cama. «Me dijo que me iba a matar. Una me tapó la nariz con una mano y con la otra me intentaba estrangular», cuenta Gyulshen, de 33 y la misma nacionalidad que sus agresoras.

«La otra mujer, cuando vio que me intentaba escapar, se me subió encima y empezó a estrangularme». La víctima recibió golpes por toda la cara, en el cuello y los brazos. «No sé quién hizo algo con mis pies, parecía que me torturaban», relata. «Los dedos están chafados y las uñas cortadas como con alicates, por eso no puede caminar bien», añade León Bogdan. «Me decían ‘muérete ya’ mientras me estrangulaban», explica Gyulshen Mehmed, que vio al propietario de la vivienda, de 61 años, y a su hija de 21 acceder al interior domicilio. Vigilaban que no entrara nadie. Ella pensaba que la iban a salvar. «Decían en búlgaro que no hicieran ruido a las mujeres que me intentaban estrangular», comenta la víctima.

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Inna, la agresora, le espetó durante el forcejeo: «Tengo una pistola de nueve milímetros, te mato ahora mismo. La furgoneta está fuera, te entierro y no se entera nadie. De aquí no sales viva». Gyulshen escuchó a varios policías cuando estaba a punto de perder el conocimiento. Gritó socorro como pudo. Los agentes saltaron una valla muy alta y accedieron al apartamento. «Si no llega a aparecer la policía yo no salgo viva de ahí», afirma. Los agentes detuvieron a las dos agresoras, al casero y a su hija, todos de origen búlgaro.

Hace 14 meses que la víctima y su marido alquilaron el piso. «Desde el primer mes se negaron a hacernos un contrato de alquiler diciendo que las cosas funcionan así en España», explica León. Los inquilinos, asesorados por el abogado Eduardo Luna, denunciaron en enero a los caseros por coacciones porque ya les cortaron el suministro eléctrico. Los propietarios de la vivienda querían que los inquilinos se marcharan a pesar de que cada mes les cobraban el alquiler.