Álvaro Gijón es uno de los principales incriminados por la declaración de la testigo protegida que ahora se pone en cuestión por este certificado de defunción. | Alejandro Sepúlveda

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Un certificado de defunción pone en entredicho la versión de la testigo protegida que denuncia las visitas a un burdel del diputado Álvaro Gijón y el exlíder del PP de Palma, José María Rodríguez. El Registro Civil de Palma ha confirmado que la socia de la testigo en el prostíbulo al que supuestamente acudían los políticos falleció en febrero de 2012. Esta fecha contradice varias declaraciones de la testigo y, sobre todo, el dietario o agenda que facilitó al juzgado con anotaciones sobre la actividad del establecimiento.

En el documento aparecen anotaciones de dos personas: la testigo protegida 31 y su socia. Ahí es donde choca la versión que dio la ‘madame’ con el certificado de defunción: según declaró, las anotaciones se realizaron entre 2014 y 2016. Su socia ya había fallecido. De hecho, en su declaración judicial con las defensas indicó que cerró el local a la muerte de su compañera y en esa misma comparecencia apuntó a que Álvaro Gijón frecuentaba el establecimiento en el año 2014.

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El escrito ha sido remitido al Juzgado de Instrucción 12 tras una petición de la defensa de Álvaro Gijón. El diputado siempre ha negado la versión de la testigo, según la cual participaba en fiestas sexuales con droga que eran financiadas por el empresario Bartolomé Cursach. Para refrendar sus manifestaciones, tras una declaración en el mes de junio, la testigo aportó un dietario. En él constan anotaciones en torno a las visitas de Rodríguez y Gijón, constan sus números de móvil reales y otros datos exactos como el día del cumpleaños del primero. Las páginas reflejan las chicas que intervenían en el servicio, las horas y los precios. No ocurre lo mismo con las fechas, que no constan. La referencia a los años 2014 a 2016 fue hecha por la propia testigo. El cuaderno tiene tres alusiones a Gijón y cinco al exlíder del PP de Palma. También incluye notas sobre las chicas que se enviaban a fiestas en las fincas de los empresarios investigados en la causa.

En el mismo documento ya había elementos que cuestionaban las fechas, como menciones a Casa Alfredo, un prostíbulo gay que había cerrado en 2012. El cuaderno completo lo custodia el juez instructor y no ha permitido el acceso a las partes a más de una veintena de páginas. El motivo es proteger la identidad de otras personas a las que se alude en las notas y que no están investigadas en el caso.