Según se explica, contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días, desde el día siguiente al de su notificación, ante la Administración de Justicia.
Los hechos están relacionados con que después de que dichos abogados firmasen una querella por prevaricación contra Penalva y el fiscal del caso Cursach, Miquel Ángel Subirán, este «aprovechó la sesión de un juicio oral» para, pese a no tener nada que ver con el juicio, preguntarle a un testigo sobre «si alguien le había ofrecido dinero para que cambiara su declaración y el testigo le contestó que sí y que había sido Campaner».
El mismo día Campaner presentó un acta de conciliación por un delito de calumnias contra el fiscal y el testigo, y, tal como relatan, al día siguiente, el testigo acudió a la Policía Nacional para retractarse.
Después, según el escrito de los abogados, se relatan diversas conversaciones en las que tanto el testigo protegido número 29 como Penalva tratarían de «dañar la imagen de ambos letrados» con motivo de haber interpuesto las querellas, por falso testimonio contra el testigo «y por los delitos ya enunciados contra el juez y contra el fiscal».
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