El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. | Alejandro Sepúlveda

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La hermana de un investigado en el ‘caso Cursach’ ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia contra el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán por delitos de prevaricación judicial, falsedad, torturas vindicativas y obstrucción a la Justicia. La denuncia, firmada por los letrados José Ignacio Herrero y Vicente Campaner, sigue a las quejas presentadas por el primero de ellos ante el Consejo General y la Fiscalía General del Estado por la actuación del magistrado y el representante del ministerio público.

Los hechos que se relatan en la querella tienen que ver con una de las piezas separadas por amenazas y agresión a un testigo protegido del caso, el 29. A raíz de una denuncia de éste fue detenido y enviado a prisión preventiva el hermano de la querellante, un ciudadano rumano.

El juez instructor y han cerrado ya la causa contra éste y le mantiene imputado tras haber sido identificado por el testigo protegido 29 como una de las personas que le agredió en el mes de julio en el aparcamiento de su casa. El magistrado relaciona estos hechos con las amenazas que sufrió el mismo testigo por parte de otro rumano que ha sido condenado a tres años de prisión por un juzgado de lo Penal.

A partir del ingreso en prisión de esta persona, su defensa propuso que declararan cuatro personas, entre ellos la querellante para que acreditaran que, en el momento de la agresión al testigo protegido estaban con el imputado en su casa.

La querella se centra lo ocurrido durante el interrogatorio de estos cuatro testigos de la defensa. La querella incluye una grabación de esta diligencia realizada por el propio letrado que asistía al investigado, una vez que el magistrado rechazó que fuera registrada en vídeo. El texto apunta a reiterados comentarios del juez y el fiscal en el sentido: «Sabemos que mientes, si mientes te vas a la cárcel» que consideran que intentaban amedrentar a los testigos, por lo que califican los hechos de obstrucción a la Justicia.

Además, añaden un delito de falsedad porque sostienen que existen datos tergiversados de forma deliberada en el auto del instructor que desestimaba un recurso de queja interpuesto por la defensa y que la transcripción de las declaraciones no refleja fielmente lo que ocurrió.

Aforamiento

La querella se dirige al Tribunal Superior al estar aforados jueces y magistrados. Será la Sala de lo Civil y lo Penal quien tenga que decidir si se admite o no a trámite. La querella pide al TSJB que adopte la medida cautelar de obligar al Juzgado de Instrucción 12 a que, a partir de ahora grabe todas las declaraciones en la causa. El Colegio de Abogados tiene que resolver una petición de amparo del letrado Herrero respecto a la actuación del juez y del testigo protegido 29 contra el abogado al que acusa de trato homófobo.