Esteban Marchena. | Redacción Local

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La Audiencia de Sevilla ha confirmado que un camarero de 60 años natural de Utrera (Sevilla) que reside en Palma, y que no fue reconocido por su padre, recibirá una herencia millonaria tras rechazar un recurso de sus hermanos biológicos.

El camarero, cuya madre fue una sirvienta del fallecido, tendrá que repartirse con sus hermanos un patrimonio valorado en dos millones de euros, según ha informado el abogado que ha llevado el caso, Fernando Osuna.

Además, los demandados tendrán que pagar las costas de ambos juicios por importe de 9.000 euros, ha explicado el abogado, quien ha añadido que los familiares adinerados, con mala fe, destruyeron los restos óseos que estaban enterrados en el cementerio para evitar la prueba del ADN porque temían que diera positiva.

Los familiares del padre, fallecido en el año 2001, tampoco se presentaron en el Instituto de Toxicología de Sevilla para comparar el ADN de ellos con el del camarero, hermano biológico.

Su padre, que no le dejó ningún bien en el testamento, se negó a reconocerlo como hijo y a ayudarle económicamente, tras lo cual el camarero comenzó a pleitear.

La decisión de la Audiencia se produce tras un recurso presentado por sus hermanos biológicos a una sentencia de un juzgado de Utrera, en la que se indicaba que en 1964 el padre biológico tuvo que pagar a la sirvienta una indemnización tras un procedimiento contra él por estupro seguido en un juzgado de la localidad.

La sentencia resalta que era conocida la relación entre el hombre adinerado y su sirvienta, con la que los vecinos le vieron en numerosas ocasiones cuando ella estaba embarazada.

Además, la juez destaca que en la vista oral apreció un «extraordinario parecido físico» entre el camarero y los hijos reconocidos del fallecido.

El abogado ha señalado que tiene constancia de que en la herencia hay al menos una finca rústica y viviendas, aunque sospecha que puede existir más patrimonio oculto.

Tras cinco años de juicio, el juzgado ha determinado que los familiares tuvieron una actitud «claramente obstruccionista» impidiendo las pruebas en el cadáver, que su esposa ordenó que incineraran, junto al de otros familiares, cuando la juez pidió su exhumación para hacerle la prueba del ADN.