Los dos acusados, este lunes, en el juicio celebrado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Inca. | Alejandro Sepúlveda

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La mujer que limpiaba en el domicilio, una planta baja de la calle Sant Antoni, de Inca, avisó al propietario de que no podía entrar. Era el pasado sábado cuatro de marzo. La llave no servía. La cerradura era distinta y había gente dentro. «Denuncié los hechos el lunes, el primer día hábil», explica el afectado en un juicio celebrado este lunes, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Inca. El dueño de la vivienda sigue asumiendo los gastos de electricidad, gas y agua. Los okupas, mientras tanto, se benefician.

La Policía Local acompañó al propietario a su casa pocos días después de la denuncia. No podía echar a los okupas sin orden judicial. El perjudicado comprobó que faltaba un sofá. Los cómics y los muñecos los habían guardado en un cuarto. La vivienda estaba adaptada a los nuevos inquilinos: Una familia formada por una pareja con tres hijos. Sin contrato. Sin consentimiento.

Trabajo

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La víctima quiere recuperar su casa cuanto antes. Han pasado más de dos meses y continúa sin disfrutarla. Unos desconocidos la han ocupado. «Me dijeron que tenían un contrato, que habían pagado a alguien y que habían sido estafados», cuenta el propietario, que la utilizaba como segunda residencia. El acusado tiene trabajo y, según dice su mujer, gana «mil y pico euros al mes». Ella percibe 300, entre ayudas sociales y familiares.

«Un chico me enseñó en una cafetería de Palma esta casa por Internet. Me pidió 500 euros de alquiler mensual y 700 de fianza», explica el hombre. El acuerdo fue verbal. No tienen contrato. No firmaron nada. Tampoco saben concretar quién les ofreció la vivienda. «Me estafó 1.200 euros. Le pagué y me entregó tres llaves». El hombre asegura que han intentado buscar piso y que habló con el propietario de la casa. «Solo le pedí que no me mandara a la calle con tres niños. He estado buscando y el alquiler está un poco caro». La mujer manifestó que ningún familiar les puede acoger.

La fiscal y el abogado del dueño de la casa solicitan penas de multa para la pareja y que abandonen la vivienda lo antes posible. «Son los primeros okupas que me encuentro con una capacidad económica de 1.500 euros al mes», dijo la acusación particular. La defensa de los ocupas asegura que han sido estafados y pide la absolución.