Panorámica de los acusados del ‘caso Son Banya’ que se celebró a principios de 2013. | Alejandro Sepúlveda

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Las defensas de los acusados en el ‘caso Kabul’ estudian fórmulas para dejar sin efecto de nuevo las escuchas telefónicas. El único cartucho disponible es acudir al Tribunal Constitucional en un recurso de amparo para confrontar en otra instancia el criterio del Tribunal Supremo.

Esta opción cobraría fuerza ante lo que muchos letrados interpretan como un cambio de criterio del alto tribunal que, en varias sentencias de los últimos meses se ha mostrado mucho más permisivo a la hora de autorizar pinchazos telefónicos e injerencias en derechos fundamentales con la justificación de una investigación criminal.

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En la sentencia que deja sin efecto las absoluciones de la Audiencia Provincial, el Supremo decía: «Existen formas de delincuencia que hacen necesarias técnicas de investigación que implican restricciones de derechos fundamentales». Por esta vía se contempla la existencia de un conflicto entre lo que dicen los magistrados y la Constitución.

En todo caso, ese recurso de amparo ante el Constitucional, no paralizaría el trámite previsto para el ‘caso Kabul’. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial tiene ahora que elaborar una nueva sentencia que valore todas las pruebas que fueron excluídas del juicio porque la Guardia Civil las consiguió gracias a las escuchas. Lo previsible es que esa condena suponga una condena generalizada para la mayoría de los acusados. El caso regresará entonces otra vez al Tribunal Supremo tanto por las nuevas condenas como por algún aspecto de la primera sentencia que no está relacionado con las escuchas y que también fue recurrido con la Fiscalía.