Varias personas depositan flores y velas a las puertas del Instituto de Educación Secundaria Joan Fuster en recuerdo del docente asesinado por un alumno. | MARTA P

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El menor de trece años que este lunes provocó una tragedia en el instituto barcelonés Joan Fuster, al agredir con una ballesta y un cuchillo a profesores y compañeros, ha pasado la noche en el departamento de Salud Mental del Hospital Infantil de Sant Joan de Déu de Barcelona.

Desde el hospital no se ha querido decir nada sobre cómo ha pasado el niño esta primera noche, ni sobre cuándo será sometido a un reconocimiento psiquiátrico para establecer qué pudo pasar para que irrumpiera armado en el centro educativo y matara a un profesor y causara heridas a otras cuatro personas.

En torno al caso hay un hermetismo institucional total porque el alumno, que este lunes logró ser reducido por otro docente del instituto después del ataque, es un menor de 13 años y se está protegiendo al máximo su privacidad, como es preceptivo en estos casos.

Brote

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La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, explicó que en el expediente del niño «no constaba» ningún problema mental, aunque «las primeras indicaciones permiten decir que se podría tratar de un brote psicótico».

Por su parte, fuentes de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) han asegurado que no se dará ninguna información, más allá de lo que comunicó a los medios sobre este caso la directora general, Mercè Santmartí.

Santmartí se limitó a explicar el protocolo al que se someten en estos casos los menores de 14 años que, por ley, «son inimputables», por lo que no pueden ser detenidos ni juzgados.

El protocolo consiste en hacer un seguimiento al menor con el trabajo de profesionales educativos y psicólogos que puede durar «tanto tres sesiones como diez», y siempre con una segunda valoración antes de dar por acabado el tratamiento

Respecto a si la DGAI quitará la custodia a los padres, desde este organismo se ha recordado que en general, ante un hecho similar, si las capacidades parentales de la familia son correctas, no se quita la custodia a los padres, y que sólo se hace si se detecta que hay un riesgo en el seno de la familia.